Diego Fuentes, viceministro del Interior, anunció en rueda de prensa que habrá una reunión para analizar la situación judicial de las personas que fueron detenidas durante el operativo denominado Paso 80.

Esta acción antidelictiva se llevó a cabo la madrugada de este miércoles, en varios sectores de Quito. Se realizaron allanamientos en 14 inmuebles en donde fueron arrestadas 11 personas, de una banda conformada por 20 miembros; 9 de ellos fueron detenidos en operaciones anteriores.

Los detenidos y las evidencias fueron ingresados en la Unidad de Flagrancias para la respectiva audiencia de formulación de cargos, por el delito de asociación ilícita, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

No obstante, Fuentes evidenció su preocupación frente al número de detenciones de los integrantes de esta organización.

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio del Interior, los casos más alarmantes son el de William A. F., alias 'Cojo Billi', quien registra 14 detenciones por robo, estaba y tiene a su haber 17 procesos judiciales.

Similar situación se presenta con Rubén A.M., alias 'Guajiro' quien cuenta con 13 detenciones entre las cuales consta asociación ilícita, tenencia de armas y tiene 28 procesos judiciales pendientes. En cambio, Víctor L.L., alias 'VH' registra 10 detenciones por presunción legal, falsificación de moneda y registra 19 procesos judiciales.

El funcionario aseguró que en los próximos días se mantendrá una reunión con los representantes del Consejo de la Judicatura para analizar estos y otros expedientes en donde se observa que las personas detenidas vuelven a delinquir, tras salir de prisión.

Fuentes reconoció el trabajo que cumple la Judicatura en la modernización de los procesos judiciales, pero indicó que hay casos preocupantes que deben ser analizados. "Hay que hacer algunas coordinaciones correspondientes para que el trabajo de la Policía no se diluya en lo que corresponde a las etapas judiciales", reiteró.

El viceministro recordó que la Policía no solo cumple con detenciones en caso de flagrancia, sino a través de investigaciones por lo que debe garantizar que las operaciones que cumplen los oficiales se realizan a cabalidad, especialmente para garantizar la seguridad de los denunciantes y de la ciudadanía en general.

José Serrano, ministro del Interior, a través de su cuenta de Twitter señaló como "inadmisible" la situación judicial de los detenidos. Rubén A.M., por ejemplo, líder de la organización desarticulada, participó en el robo bajo la modalidad de 'sacapintas', efectuada en julio de 2015, afuera de la Cooperativa ubicada en Valencia (provincia de Los Ríos), donde se sustrajeron $ 30 mil.

También estuvo al frente de un asalto en las instalaciones de un taller de autos, ejecutado en noviembre de 2015, al norte de Quito, en donde se sustrajeron bienes valorados en $ 500 mil.

Ramiro Ortega, jefe de la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (Sidpro BAC), añadió que la organización tenía una estructura piramidal. Es decir, actuaban en forma jerarquizada y organizada puesto que antes de realizar sus atracos, los procesados investigaban a sus víctimas con varias semanas de anticipación.

De acuerdo a la investigación de la Unidad, Ortega indicó que en esta organización se encontraba además Colón P., quien constaba en la lista de 'Los Más Buscados' y conformó otras organizaciones criminales de robo, asalto a personas y extorsión. (I)

1/2 la evidencia grave de la desarticulación de la banda criminal más peligrosa q operaba en Quito (22 integrantes) es la impunidad en la q

— José Serrano Salgado (@ppsesa) 23 de marzo de 2016

2/2 encontraban sus integrantes tenían más d 14, 11, 6, 4, 2 detenciones previas..dsd nuestra perspectiva inadmisble pic.twitter.com/A7yJzf33RG

— José Serrano Salgado (@ppsesa) 23 de marzo de 2016