Un paramédico intentó ingresar droga en el botiquín de una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP), placa MCE-284, al Centro de Rehabilitación Social (CRS) de El Rodeo, en Manabí. El hecho ocurrió el fin de semana y el vehículo pertenecía al centro de salud de la parroquia Calderón; el conductor y el paramédico fueron detenidos.

La segunda semana de noviembre, un agente de Seguridad Penitenciaria (ASP), identificado como Christian Q., ingresó con estupefacientes, guardados en el bolsillo derecho de su uniforme, en el CRS de Turi, en Cuenca. El uniformado fue descubierto cuando salía del área de talleres, donde laboran las personas privadas de la libertad. Una semana antes, otros 2 agentes también fueron capturados en el mismo centro carcelario; uno por llevar estupefacientes y el otro, un cargador de celular.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, desde el pasado febrero hasta la primera semana de noviembre de este año, 10 policías y aproximadamente 60 agentes penitenciarios y funcionarios fueron separados del sistema y judicializados por presuntos actos de corrupción.

La titular de esta cartera de Estado, Ledy Zúñiga, señaló que por casos como estos se lleva un proceso de depuración permanente. “Nuestra disposición es clara, no vamos a tolerar ningún acto que esté al margen de la ley y que intente boicotear la transformación penitenciaria. Así garantizamos el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (ppl), de quienes laboran en el sistema y, sobre todo, de la ciudadanía que merece vivir en un ambiente seguro y de paz”, enfatizó.

A mediados de septiembre, Lía O., funcionaria del CRS de Turi, fue sentenciada a un año de privación de libertad porque intentó ingresar un celular cubierto con cinta adhesiva, papel carbón, plastilina y algodón. La mujer se desempeñaba en el área de trabajo social y en junio de este año fue aprehendida en uno de los filtros de revisión.

La mujer además tenía un cargador de batería para un artefacto similar, una pinza y una aguja cubiertos con cinta adhesiva. Estos objetos estaban dirigidos a reos de máxima seguridad.

“Todos quienes ingresan en los CRS del país, sean internos, funcionarios públicos, agentes de seguridad, servidores policiales, allegados de los privados de la libertad, atraviesan los filtros de seguridad. Estos son máquinas de rayos X, arcos y sillas detectoras de metales, escáneres de onda milimétrica y otros equipos de alta tecnología”, añadió Zúñiga.

Algunos familiares de los internos se manifestaron de acuerdo con las medidas de seguridad tomadas por las autoridades del Ministerio de Justicia, en cambio, para otros estas son innecesarias.

“Unos dicen que esto está mal, pero porque antes encontraban en el ingreso de objetos prohibidos un negocio”, expresó una de las miles de personas que visitan cada semana el CRS N° 1 de Guayaquil, conocido como la Penitenciaría del Litoral.

‘Susana’, pariente de uno de los internos, manifestó que las revisiones son importantes, porque garantizan la seguridad de sus familiares dentro del centro. “Así se evitan agresiones entre grupos o personas que quieren tener poder”, expresó.

Ramiro Núñez, asesor del Ministerio de Justicia, reiteró que los CRS del país cuentan con los medios tecnológicos y personal para evitar el ingreso de objetos en las cárceles. “Sin embargo, eso no exime que cualquier ciudadano pueda verse tentado a hacerlo, básicamente por dinero. Ellos corren los riesgos, pese a que está penado con 1 a 3 años de prisión por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Licores, cigarrillos, droga y celulares son los artículos principales que constan en los registros”, aseveró.

El funcionario precisó que en Ecuador hay más de 1.500 agentes de tratamiento penitenciario que están distribuidos en 3 turnos, las 24 horas del día. “Los uniformados cada cierto tiempo son cambiados de sus puestos de trabajo para evitar que tengan demasiada familiaridad en los espacios donde están”.

Capacitación y profesionalización

Núñez destacó que no solo se trata de depurar a los malos elementos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, trabaja en la capacitación y profesionalización de los guías. “Hay 90 agentes que fueron escogidos y cumplen el proceso de capacitación para alcanzar una tecnicatura; es decir, tendrán un título profesional. Su formación estará basada en derechos humanos y seguridad penitenciaria. Anteriormente cualquiera cumplía esta labor, solo le ponían un uniforme y ya”.

Agregó que este mes se prevé inaugurar la Escuela de Formación Penitenciaria ‘Tres Cerritos’, en la provincia de El Oro. En los predios capacitarán a 700 jóvenes que aprueben el proceso de evaluación, que incluye pruebas psicológicas, físicas y de confianza, y al que se postularon más de 3.600 ciudadanos.

El tiempo de la formación profesional será de 3.200 horas distribuidas así: 1 año de internamiento mediante modalidad dual (teórico-práctico), 6 meses de prácticas en las cárceles y la elaboración del proyecto de titulación.

Unidad de Inteligencia

Además en los CRS, desde el 20 de mayo de este año funciona la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP). Su objetivo es mejorar los niveles de seguridad al interior de las cárceles para evitar incidentes que alteren la seguridad penitenciaria y el orden público, así como aportar a la identificación, localización y neutralización de organizaciones delictivas y redes de corrupción. (I)