Filanbanco, cuyos propietarios eran los hermanos William y Roberto Isaías, está en la lista de una treintena de entidades crediticias que fueron intervenidas por el Estado entre fines de 1998 y 1999, cuando, durante la presidencia de Jamil Mahuad, se registró la mayor crisis financiera de la historia, cuyo salvataje bancario le costó al erario nacional más de $ 8.000 millones.

Esta grave situación representó la peor pesadilla para miles de clientes, entre ellos jubilados, que tras cobrar su   retiro y cesantía pusieron su dinero en los bancos con el fin de ganar intereses, pero lo perdieron todo. Algunos de ellos después se suicidaron o murieron por la depresión al quedar en la calle.

Se suponía que, por el caso Filanbanco, la justicia debía cobrar unos 650 millones de dólares por daños y perjuicios cuando se fijara la sentencia.

El motivo del litigio fueron los reiterativos créditos de liquidez que, por ese monto, recibió Filanbanco del Banco Central del Ecuador (BCE) en noviembre de 1998, en el afán de evitar el colapso, que finalmente se produjo y se  decretó el feriado bancario en enero de 1999.

Los recursos económicos del salvataje debían servir para devolver los depósitos a los clientes de ese banco; sin embargo, sus administradores los habrían destinado a créditos vinculados a favor de sus accionistas.

Durante más de 12 años el proceso ha estado plagado de incidentes judiciales y políticos, en el que los jueces y autoridades públicas han sido acusados de favorecer a los banqueros quebrados y estos, en cambio, de tener poder en el país para presionar por decisiones judiciales que frenen la sentencia.