Los defensores requieren servicio ágil en CRS Guayas

Con el “cumplimiento del convenio de cooperación interinstitucional, firmado entre el Colegio de Abogados de Guayas y el Ministerio de Justicia”, gradualmente mejorará el servicio en el Centro de Rehabilitación Social Regional (CRS) Guayas Nº 8, manifestó el presidente del gremio de defensores, Jimmy Salazar.

El pronunciamiento responde a las varias demandas expuestas por los abogados en libre ejercicio, en torno a la supuesta falta de diligencia por parte de ciertos funcionarios del CRS Guayas Nº 8.

José Valdivieso es uno de los que expuso su inconformidad, pues afirmó que hay demasiadas trabas para  contactar a sus defendidos y se incumple el numeral 2 del artículo 51 de la Constitución, que dice: Se reconoce a las personas privadas de  libertad los siguientes derechos: La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

“El 30 de enero presenté un escrito para entrevistarme con unos clientes que tengo allí (CRS Guayas Nº 8) que buscan rebaja de penas. Sin embargo había una disposición de que los abogados en libre ejercicio no podíamos ingresar, solo los de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía, pero parece que ya levantaron la medida”, aseguró Valdivieso.

El profesional agregó si bien ahora  reciben sus requerimientos, les asignan fechas lejanas para acceder al CRS Guayas Nº 8, lo que -aseguró- le trae problemas con los familiares de  las personas privadas de libertad (ppl), porque consideran que no cumple con su trabajo,  eso lo motivó a enviar varios oficios al Ministerio de Justicia  y Colegio de Abogados.

Ante esto, Jimmy Salazar dijo que precisamente se firmó el acuerdo entre instituciones para corregir posibles falencias que en ocasiones son generadas por mandos medios.

“Hemos buscado al ministro (José Serrano) para conversar sobre ese particular y buscar soluciones. Los abogados no nos oponemos a los controles en los centros penitenciarios, pero queremos que se den facilidades para trabajar”, indicó.

El convenio contempla, por parte de Ministerio de Justicia, emitir credenciales especiales para facilitar el acceso de los profesionales a los centros de rehabilitación y por el Colegio de Abogados implementar mecanismos y herramientas que mejoren la atención a sus clientes privados de  libertad.

Salazar informó que entre las propuestas constan utilizar espacios para que los abogados charlen con los presos que representan. Confía en que pronto habrá mejoras porque hay un trabajo visible, tal como sucede con el Consejo de la Judicatura, ente con el que también sellaron un pacto.

“Todo cambio necesita un tiempo prudencial para ver los resultados, estamos dándole seguimiento a ese trabajo”, agregó Salazar al referirse al modelo de gestión carcelario.

Otro requerimiento

José Valdivieso comunicó que recibió una carta de un grupo de familiares en la que aseguran que se les da un trato incorrecto a los privados de  libertad, lo que esperan que se investigue. “Las madres de familia me entregaron el escrito donde se quejan del funcionamiento del centro de rehabilitación”.
Sin embargo, en reiteradas oportunidades el Ministerio de Justicia, por medio de la presidenta del Consejo de Rehabilitación Social, Ledy Zúñiga,  ha aclarado que a las ppl se les da un trato acorde con el nuevo modelo de gestión penitenciario y que los centros construidos cumplen con las normas de seguridad,  infraestructura, alimentación, salud y educación dispuestas en el mundo.