“Hay una denuncia en contra de los dos fiscales que tienen el caso Engabao y de la alcaldesa de Playas”, asegura la fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, quien considera cambiar a estos dos funcionarios por su accionar en este conflicto de tierras.

Los dos fiscales emitieron pronunciamientos diferentes en el caso Engabao. Para la funcionaria, esto no puede ser, razón por la cual analizará el tema con Gestión Procesal, ya que tiene entendido que hay dos sentencias constitucionales por este litigio.

Justamente, la sentencia emitida por la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el 23 de noviembre de 2016, reconoce los derechos ancestrales de la comuna Engabao, del cantón Playas, sobre 7.427 hectáreas, pero esto no se cumple aún como lo disponen los jueces.

De esa cantidad de hectáreas comunales, 174 permanecen ocupadas por personal de la compañía Viviendas Masivas Ecuatorianas (Vimare), del empresario Álvaro Noboa. Estos predios son reclamados desde 1985 por esa entidad privada.

Noboa posee una escritura pública donde consta la compra de los derechos y acciones hereditarias de la familia Palacios Mazzini, dueños originales de las tierras que ellos llaman Merceditas 1.

Derechos no existen

Sin embargo, el abogado Xavier Valverde, representante legal de la comuna, sostiene que la escritura que posee Vimare menciona la compra de derechos hereditarios y no de propiedades, ‘lo cual no es legal. Esos derechos no existen’.

Además, indica que las escrituras  ubican a la supuesta hacienda Las Merceditas 1 en Chanduy, provincia de Santa Elena.

“Engabao es una comuna ancestral, cuyos habitantes descienden de los huancavilcas, y como tal existe desde 1805 y desde 1855 pertenece a Playas. En 1984 fue reconocida por el Estado como una comuna. En 1995, el Ministerio de Agricultura reconoció sus derechos colectivos sobre las tierras ancestrales”.

Valverde señala también que pese a este reconocimiento, Vimare presentó en 1997 dos demandas de reivindicación de dominio contra la comuna, las cuales fueron rechazadas en 2000 por el Ministerio de Agricultura y en 2013 por la jueza Octava Multicompetente de Playas de ese entonces.

“Sin embargo, a inicios de 2014, Vimare insistió en ocupar los predios comunales de Engabao que reclama como propios y el 13 de enero de 2014 la cartera de Agricultura ordenó garantizar la integridad de las tierras comunales y dispone el desalojo de los invasores”, dijo.

Fiscalía actúa en invasión

El litigio se reactivó el 17 de noviembre, cuando Vimare y sus trabajadores volvieron a ocupar las tierras de la comuna, pero fueron desalojados por orden del fiscal Jefferson Caicedo, quien ordenó las detenciones de cuatro sospechosos en el sitio, los cuales quedaron en libertad tras la audiencia de formulación de cargos.

Nuevas disputas se registraron el 20 y 23 de noviembre con la presencia de hombres armados y guardias de seguridad de Vimare en los predios comunales, lo cual motivó  que los comuneros se desplacen el 28 de noviembre  hasta Guayaquil, para mantener una reunión en la Gobernación de Guayas.

Valverde revela que en el encuentro con las autoridades, en la Gobernación, presentó a la Fiscalía una denuncia penal contra la alcaldesa de Playas, Miriam Lucas, el síndico del Cabildo, Juan Manuel Bermúdez Conde, y el registrador de la Propiedad del cantón, Francis Emir Tapia Mahuad.

Ellos (denunciados) no cumplieron con la sentencia de la Sala Penal, en la que se ordena al Municipio de Playas anular los permisos de construcción entregados a personas naturales y jurídicas dentro de los terrenos.

En la resolución los jueces también exigen al registrador de la Propiedad del mismo cantón, la anulación y abstención de inscribir cualquier título de gravamen o de propiedad dentro del territorio comunal ya señalado.

Fiscalía comprometida

El abogado de la comuna Engabao denunció el supuesto mal accionar del fiscal de Playas, Washington Suárez, lo cual motivó la presentación de una acción legal en su contra y el pedido de destitución del funcionario.

Ante esta situación, la fiscal Morejón se comprometió a analizar el tema, así como  reunirse con ambos fiscales, a fin de conocer por qué Suárez no se pronunció en este caso. “En un delito de invasión tiene que resolverse la parte legal. Además hay sentencias constitucionales y la Fiscalía no será utilizada”.

Ella calificó de importante la mediación de la Gobernación de Guayas. “Si hay un delito de invasión presenten los documentos, hay que darle la razón a quien la tenga, y si ellos participan en un litigio de propiedad ya no puede intervenir la Fiscalía”.

En este tema hay recursos constitucionales y civiles, por ello no “permitiremos que sigan utilizando a la Fiscalía; y si tengo que cambiar a los dos fiscales por otros que tengan criterios más objetivos, lo haré”. Pero antes Morejón se reunirá con ellos.

En tanto, Maximiliano Delgado, representante de la Gobernación de Guayas, ratifica que la posición del Estado es garantizar que se cumpla la ley para evitar enfrentamientos, motivo por el cual se destinó un contingente policial para que permanezca en el sitio en disputa.

Pedido de desalojo

Los empleados de Vimare siguen en los predios y los comuneros están vigilantes, lo cual en cualquier momento puede generar un enfrentamiento con saltos lamentables. Así lo dio a entrever el presidente de la comuna, Pedro Tomalá, quien el martes 5 de diciembre solicitó a la comisaria de Policía de Playas el desalojo de sus tierras ancestrales.

“Nosotros exigimos a las autoridades de justicia y gubernamentales el inmediato cumplimiento de la ley para evitar problemas entre la población y los invasores”, indicó Tomalá. (I)