“Se requiere una ley severa e integral que permita cambios de conducta en la vía pública. Una ley cero muertes”, dijo Víctor Jiménez, directivo de Justicia Vial.

Jiménez participó ayer en el debate del primer informe del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Según el directivo, la vía pública está vinculada a la convivencia ciudadana, lo cual supone respetar reglas de cortesía y buenos modales, pero lamentablemente la mayoría irrespeta.

Por ejemplo, se pasan el semáforo en rojo, exceso de velocidad, utilización del celular mientras conducen, no se usa el paso cebra, manejan con llantas lisas, etc., lo cual provoca los accidentes de tránsito.

En la sesión 549 del pleno de la Asamblea se inició la mañana de ayer el debate, en el que también participó Guillermo Abad, secretario de Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de Quito.

El funcionario habló del Plan Mundial para la Seguridad Vial que contiene estrategias y programas de seguridad vial sostenible. Uno de los ejes universales para lograr este fin es la calidad y control del transporte.

Agregó que no es conveniente eliminar la licencia por puntos, ya que sirve para medir si el conductor es responsable, imprudente o temerario.

Juan Carlos Aguirre, gerente del Municipio de Cuenca, propuso que las reformas a la Ley de Tránsito deben estar vinculadas con la Ley de Educación, para que se establezca en la malla curricular la materia de movilidad.

Luis Díaz Riofrío, presidente de la Cámara de Transporte Terrestre Turístico de la Región Centro 3, criticó la resolución N° 12, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, que autoriza al transporte interprovincial e intercantonal a realizar transporte turístico. Esto violenta los derechos de los inversionistas.

Agustín Guaquipana, dirigente de la transportación urbano-rural de Bolívar, dijo que es hora de que esta modalidad de transportación sea considerada en la reforma para mejorar la atención a las comunidades. (I)