Una de cada cuatro víctimas de delitos sexuales nunca avisó lo que le ocurría. Se quedó en silencio por el temor a las consecuencias, vergüenza, impotencia o por miedo a las amenazas. Estos datos los revela un último estudio realizado por la Unicef.

La pregunta cuatro de la Consulta Popular plantea modificar los artículos 46 de la Constitución de la República y 16 y 75 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes sean imprescriptibles.

El COIP, en el artículo 417, establece que si no se ha iniciado el proceso penal en contra de un sospechoso la acción prescribe en e1 mismo tiempo del máximo de 1a pena prevista, contado desde que el delito es cometido. Es decir, en el caso de una violación, como la mayor sanción es 22 años, durante ese tiempo el autor podría ser capturado y llevado a audiencia de formulación de cargos.

Si ya fue iniciado el proceso penal, también se considera el máximo de la pena del delito cometido para la prescripción, contando desde la fecha de la instrucción. O sea, si al violador se le dictó prisión, pero está prófugo, se lo puede detener hasta 22 años después.

De acuerdo con información oficial de Unicef-Ecuador, la imprescriptibilidad es una medida necesaria para luchar contra la impunidad. “Un delito de esta magnitud debe ser denunciado y sancionado en cualquier momento de la vida, sin importar lo transcurrido”.

Considera que son muchos los motivos que confluyen para que los niños, niñas o adolescentes no revelen que son o fueron sexualmente abusados; uno de los más influyentes es que el 65% de los atacantes son familiares o cercanos.

Paola Andrade, directora de la Fundación ‘Ecuador dice no más’, enfatizó que lo importante de la propuesta es que respeta el tiempo del sobreviviente, como le denominan a las víctimas de este delito, como lo es ella.

Nueve personas la abusaron antes de los cinco años y recién a los 32 años lo reveló. Para la especialista, quien no lo vive no puede comprenderlo.

“(Estas acciones) jamás deberían prescribir porque es uno de los tipos delictuales más grandes de tortura hacia los niños. Ellos se quedan atrapados en el silencio, se paralizan. Los operadores de justicia deben sensibilizarse”.

Para el jurisconsulto Antonio Gagliardo, exministro fiscal de Guayas, la no prescripción es positiva desde lo conceptual. “Lo único que sí me preocupa es que muchas veces, en este tipo de hechos, se acusa injustamente”.

Señaló que la reforma a la ley debe incluir una sustancial mejora de los procedimientos de investigación, porque de lo contrario pueden generar persecuciones, venganzas e injusticias.

Gagliardo, quien dice experimentó la existencia de denuncias falsas, cree que el testimonio de la víctima en cámara de Gesell debe mejorarse. Insiste que muchas de las entrevistas tienen deficiencias. “A veces son hechas al apuro”.

Alain Vélez, coordinador Zonal 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), sostiene que tres de cada 10 niños son víctimas de abusos sexuales, según un estudio desarrollado en 2009 por esta cartera de Estado y por la Defensa de los Niños Internacional (DNI).

Reflexiona sobre la incidencia, magnitud e impacto que tiene el abuso sexual a lo largo de la vida de las víctimas y lo difícil de recuperarse pese al paso de los años. “La víctima tiene derecho a plantear la respectiva demanda en el momento que crea oportuno”.

Lita Martínez, presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), está de acuerdo con la propuesta de reforma, pero cree que si los operadores de justicia cumplieran la ley y todos los casos fueran juzgados, no hubiese sido necesaria la consulta al pueblo.

“Al ganar el Sí en esa pregunta, el Estado debe articular las reformas legales para mejorar el sistema de investigación, así como la cadena de custodia de las pruebas”.

Sobre la manipulación de las víctimas para que acusen a un inocente, Martínez cree que puede ocurrir, pero no es la generalidad. “Puede que el niño sea influenciado sobre la gravedad del hecho, pero también hacer que mienta en este tipo de procesos es un delito”.

*Haga click en la imagen para agrandarla

La general Tanya Varela, comandante de la zona 5 de la Policía (Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas), califica como importante que estos delitos no prescriban, a partir de la huella psicológica y social que dejan.

Al considerar que la mayoría de estos delitos los cometen personas cercanas a la víctima (familiares, maestros o amigos), es necesario que ellos sepan que en cualquier momento serán juzgados por el trauma físico y psíquico.

Varela es una de las oficiales de Policía que impulsó y fundó la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Ella califica de “monstruoso que el amor, cariño y confianza que entregan los niños sea traicionado con un acto tan despreciable”.

Además es importante que el Estado asuma el tratamiento integral de las víctimas; sin olvidar que es la sociedad en su conjunto la que debe mantenerse en alerta ante el ataque de abusadores.

Zoraya Bohórquez, psicóloga jurídica y forense, manifiesta que “la no prescripción es lo adecuado para que las víctimas denuncien cuando se sientan listas y fuertes. Lo único malo es que las evidencias podrían desaparecer. Incluso cuando se denuncia al momento, no es fácil probar”.

Considera que son indispensables el acceso a la justicia, la protección y reparación integral de las víctimas.

Respecto a los casos ocurridos en planteles educativos, explica que “el sistema debe  generar las condiciones de prevención y protección”.

Patricia Morán, fiscal provincial de Santa Elena, destaca que al promover la pregunta cuatro, Ecuador estaría en línea con la misma convención de los Derechos del Niño que indica que el Estado tiene que ejercer las acciones para protegerlos de toda forma de violencia.

“La pregunta es inclusiva y válida. Necesita ser aprobada para que se enmiende la Constitución con la incorporación de la no prescriptibilidad de la acción penal y de las penas de delitos sexuales”.

El jurista Julio César Cueva opina que la solución a la problemática de los delitos sexuales, no pasa ni por aumentar o eliminar los plazos de prescripción, tampoco por aumentar las penas. “Es una problemática de salud mental y hace falta una Ley Orgánica en esta materia”.

Para él, con el paso de los años, el solo testimonio de la víctima será la única prueba y “es muy riesgoso, si se toma en cuenta que existe un importante número de denuncias falsas por estos delitos”.

El abogado recomienda que paralelamente a la reforma legal debería crearse otra por la cual los sentenciados por un delito sexual dejen una muestra genética para un banco de información.

Con esta evidencia, si se presenta otro caso en un futuro, se comprobará si la misma persona fue la autora, pues el agresor sexual por su naturaleza tiende a reincidir. “Sin embargo, esto conllevaría un problema constitucional de colisión de derechos”. (I)

Citas

Cronología
La denuncias de abusos sexuales contra menores crecieron en 2017, tras revelarse los detalles de hechos ocurridos en años anteriores.

18 /Octubre 2011
Padres de familia de la  Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), denuncian al profesor José Negrete por la violación de 41 niños.

30 /Octubre 2012
El profesor de ciencias naturales de una escuela de Guayaquil es acusado de abusar del pudor de dos niñas, de 9 y 10 años.

23 /Julio 2014
La Fiscalía de Guayas recibe una denuncia sobre la violación de un niño, de 8 años, en los baños de un plantel fiscal. El acusado continúa prófugo.

6 /Octubre 2017
La Fiscalía allanó el colegio réplica Aguirre Abad y detuvo a tres maestros por los abusos sexuales a estudiantes del plantel. Un cuarto profesor está prófugo.

17 /Octubre 2017
Un profesor del centro educativo Mushuk Pacari, de Quito, fue apresado por la supuesta violación de 84 alumnos menores.

14 /Noviembre 2017
Padres de familia de una escuela fiscal en La Floresta, sur de Guayaquil, denuncian que un alumno tocó las partes íntimas de una compañera de 6 años.

15 /Diciembre 2017
Emilia Benavides, de 9 años, desapareció y cuatro días después apareció muerta en una quebrada de Loja. A tres sospechosos detuvieron y uno de ellos se ahorcó en la celda del CDP. (I)