Desde que se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio, el 3 de julio de este año, ‘Las Dolores’ se sentaron atrás del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga. El funcionario acusó a 24 de los 32 sindicados originalmente, luego de la indagación que efectuó por la muerte de 8 personas, entre ellas clientes y empleados de una farmacia situada al norte de Guayaquil.

El crimen fue consecuencia de la ejecución de un operativo policial para repeler un supuesto asalto, el 19 de noviembre de 2003.

Dolores Vélez perdió en ese incidente a su esposo, quien en aquella fatídica ocasión entró en el negocio para comprar pañales para su hija. Parecería que el recuerdo de ese día sigue martirizando a Dolores porque escuchaba la intervención del Fiscal en una especie de trance, con los ojos llorosos y su mirada dirigida a los ventanales que rodean el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, donde se  desarrollaba la audiencia.   

A su lado estaba Dolores Briones, cuyo marido cayó abatido en la misma farmacia donde trabajaba como mensajero y era padre de una niña de meses, quien ahora está en el colegio. Ella miraba con dirección al salón donde estaban los 22 abogados de los implicados, con la espalda pegada a la silla y su cabeza apoyada en su mano derecha, aunque a ratos cambiaba de posición para sostenerse en el otro brazo.

El recuento del Fiscal por momentos la hacía reaccionar y sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas.“Me quitaron a mi esposo y lo más grave es que le arrancaron a mi hijo todo el amor de su padre”, comentó Dolores Vélez durante uno de los recesos ordenados por el juez de la causa, Jorge Blum. Esa mañana, acota, su esposo salió para adquirir las cosas que necesitaba su hija: “no regresaba, ya eran las 08:30 y hacía dos horas que había salido, por eso cuando el guardia del barrio me preguntó si no había escuchado  lo de la balacera en la botica, mi corazón me dio un vuelco y desde entonces no he tenido tranquilidad”.

“Al principio no entendía nada”, manifestó, y su confusión creció luego de que la Corte Policial que funcionaba en 2004 sobreseyó a los policías que participaron del operativo. “¿Qué significaba eso?, ¿quién mató a mi esposo?”, me preguntaba, “por eso vencí el miedo y entré a estudiar Derecho, estoy en cuarto año, el próximo me recibo; ahora no me pueden engañar porque sé lo que está pasando”, indica con la voz quebrada.
No lo dijo, pero el temor aún lo siente, por eso ingresó al programa de Protección de Testigos de la Fiscalía hace un año.  

Algo similar le sucedió a Dolores Briones, quien asentía con la cabeza cuando el fiscal Chiriboga señalaba que en este caso no se está juzgando dos veces por el mismo hecho, sino por un delito de asesinato instrumentado en el contexto de ejecuciones extrajudiciales en el marco de graves violaciones a los derechos humanos que son imprescriptibles.

Al igual que su compañera, el temor ha sido una constante en estos casi 11 años. “No podía salir de mi casa; carros se parqueaban en la calle de mi vivienda y no se movían por horas; hasta ahora pasan vehículos muy despacito como si me estuvieran vigilando”.

El plan de protección de testigos la cuida con guardia policial especial, lo que le ha ayudado en parte a vencer sus temores. “Con mucho esfuerzo decidí abrir mi negocio y puse un cibercafé para mantener a mi hijo”, dice con voz suave, casi murmurando, como si quisiera que nadie más la escuchara.

Dolores Guerra, en cambio, hasta ahora no sabe nada de su esposo. Aunque el proceso se instauró por las 8 muertes al interior de la botica, hubo 3 desaparecidos, entre ellos su marido, quien fue fotografiado por la prensa ese día cuando lo sacaban del lugar con la cabeza cubierta mientras uno de los policías implicados le apuntaba con una pistola. Ella también se sumó al proceso y ha sufrido desde hace casi 11 años por la desaparición de su esposo, supuestamente a manos de la Policía, aunque el caso de su conviviente será motivo de otro proceso más adelante, según explicó la Fiscalía. Ha participado en la causa desde el inicio: “alguien podrá imaginarse lo que es no saber qué pasó con tu esposo”, manifiesta apesadumbrada.

La audiencia prosiguió el viernes con las intervenciones de los abogados de los implicados; 12 de los policías que están en servicio activo vinculados al caso y que fueron sancionados con prisión preventiva el pasado 19 de septiembre, luego de la primera audiencia de formulación de cargos, fueron llevados a la diligencia por guías de la cárcel 4 donde permanecen recluidos ya casi 7 meses, mientras que 8 están prófugos.

Drama en ambos lados

Al salón también acudieron familiares de los uniformados presos. “Esto es un suplicio, 10 años gastando en abogados”, manifestó la esposa de uno de los sindicados. “Aunque no me crea, hemos gastado cerca de $ 60 mil durante todo este tiempo, no es justo”, manifestó una mujer de pelo tinturado que llegó desde Guayaquil para acompañar a su marido.

Otra de las esposas trató de explicar su situación, pero el llanto le cortó las palabras cuando recordó que su esposo tiene principio de cáncer: “ahora con esto cómo lo llevamos al tratamiento; mis hijos lo extrañan demasiado”, dijo llorando.

La esposa de un exteniente vinculado también se mostró preocupada: “mi esposo solo manejaba el carro y estuvo estacionado afuera”, mientras que otra señora aseguró que un abogado les pidió 10 mil dólares a cada uno para llevar el proceso a instancias internacionales.

Los abogados patrocinadores de los acusados terminaron sus contrarréplicas a las acusaciones fiscales a las 16:00 del viernes, por lo que el juez suspendió la diligencia para el jueves 10 de julio a las 08:30, cuando emitirá su resolución final. Luego vendrá la etapa de juicio ante un tribunal de la CNJ.

“Lo único que buscamos es que al fin se haga justicia y que el responsable de los 6 disparos que recibió mi esposo cuando entró a comprar a la farmacia sea castigado. Ya no quiero seguir viviendo con miedo”, manifestó una de las Dolores en la sala de audiencias.