La noche del lunes 7 de julio, el policía Jorge Arturo Ronquillo Huacasi fue asesinado con varias puñaladas en el patio de retención de San Lorenzo, provincia fronteriza de Esmeraldas. El móvil del crimen sería el robo del arma de dotación.

En mayo 11 de este año, en el sector Vuelta Larga, de Esmeraldas, asesinaron a balazos al alcalde electo de Muisne, Eddy Walker Vera Guerrero, de 42 años.

Estos y otros crímenes causaron la indignación de la ciudadanía esmeraldeña que la tarde del 8 de julio salió a las calles a protestar en demanda de seguridad y celeridad en los procesos judiciales.

La marcha llegó hasta la Fiscalía de San Lorenzo, donde solicitaron que se avance con los casos de asesinatos y violaciones, los delitos de mayor registro en la ‘provincia verde’.

Es como si la violencia imperara en esta provincia ecuatoriana, donde en 2013 se registró un promedio de 96 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Le siguen en esa línea las localidades de Putumayo, con una tasa del 75,67; Lago Agrio, 50,11; Eloy Alfaro, 44,5; y Cuyabeno, 40,69. El promedio nacional corresponde al 10,82 crímenes por cada 100.000 habitantes, según un informe estadístico de la Fiscalía General del Estado.

Los homicidios, tenencia, lesiones y transporte de sustancias sicotrópicas, son los delitos que con mayor frecuencia se cometen en Esmeraldas por las organizaciones narcodelictivas Águilas Negras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Urabeños y los Rastrojos.

Esta serie de hechos delictivos y violentos que mantienen en zozobra e incertidumbre a la población, llevó a la Fiscalía a organizar una reunión en Esmeraldas con la finalidad de elaborar un plan de trabajo jurídico, policial y militar para fortalecer  la seguridad de los habitantes en las provincias fronterizas.

En la Base Naval de San Lorenzo se efectuó la reunión con representantes de los ministerios del Interior, Defensa y Seguridad, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, autoridades gubernamentales, militares y policiales de la provincia.

El fiscal Galo Chiriboga destacó que junto con el Consejo de la Judicatura se cubrirá el déficit de fiscales en la provincia, lo que derribaría la tesis de que falta presencia del sector judicial en la zona fronteriza.

Además, mencionó las altas cifras de homicidios en la provincia, sobre todo en la localidad donde sesionó el comité interinstitucional.

Se refirió a la minería ilegal, que genera deudas, las cuales se cobran de manera violenta. En este tema se trabaja con las Fuerzas Armadas, que también se preocupan del tráfico de combustible.

También, consideró que es importante definir un plan de acciones para afrontar los problemas de inseguridad que afectan a la ciudadanía de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

El viceministro de Defensa, Carlos Larrea, indicó que se incrementaron a 3.400 los patrullajes para el control de armas en Esmeraldas.

La gobernadora de la ‘provincia verde’, Paola Cabezas, solicitó apoyo en el control de la venta indiscriminada de alcohol para mejorar la seguridad. Además, manifestó su aspiración de contar con una estrategia jurídica y militar para la zona de frontera.