Freddy Miguel C.S. permanece custodiado en un hospital del sur de Guayaquil, después de que su conviviente, supuestamente defendiéndose de sus agresiones, lo hiriera con un arma blanca en el abdomen.

Los casos de violencia de género (contra mujeres u hombres) se presentan a diario en las unidades especializadas ubicadas en el complejo Judicial Florida y Valdivia, del norte y sur de Guayaquil, respectivamente.

 Jamie Miranda, coordinadora del área de Violencia del complejo de la Florida, mencionó que ahí diariamente se conocen 4 o 5 casos y mensualmente se reciben alrededor de 700 denuncias. En octubre conocieron 718 hechos.

En la Unidad del Sur se acercaron 813 víctimas, según la coordinadora Elena Vásconez. Ambas funcionarias coincidieron en que antes de que entrara en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el promedio mensual era de 1.000 sucesos (un poco más en el sur).

Esto, según explicaron, se debe a que ahora la violencia sicológica es delito y son derivados a la Fiscalía.

Paulina Palacios, subdirectora nacional del área de Género del Consejo de la Judicatura (CJ), manifestó que de acuerdo con la ‘Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres’, realizada en el 2012 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 60% de las féminas son víctimas de diferentes tipos de agresiones.

“En el país hay más de 8 millones de mujeres y si calculamos ese porcentaje significa que 4’070.000  féminas (de más de 14 años) dijeron  que fueron víctimas de violencia. En un año conocimos 77 mil causas, es decir que muy pocas denunciaron. Esto de acuerdo con lo recibido en las Unidades de Violencia de 24 cantones, ya que aún hay algunas comisarías o jueces de la Niñez que también han receptado casos y eso aún no está ingresado”, explicó.

Palacios indicó que para que exista una mejor atención en estos casos se implementó desde agosto el ‘Protocolo para la gestión judicial, actuación y valoración pericial en casos de violencia contra la mujer o el núcleo familiar’.

La funcionaria destacó los avances conseguidos. Por ejemplo, señaló que en el manual se definieron los procesos y roles de cada uno de los trabajadores de las Unidades hasta cómo dirigirse a la víctima. También, en la primera acogida se analizan 13 circunstancias para la detección temprana de riesgo.

Con respecto al personal, Palacios indicó que 1.704 funcionarios judiciales de primera instancia están en un proceso de formación. “Teníamos 79 jueces para casos de violencia, ahora estamos preparando 730 más. Mejoraremos mucho más la cobertura”. A la preparación, que será hasta el 25 de noviembre de 2014, también acuden, fiscales y defensores públicos. A inicios de 2015 se espera hacer la parte práctica, en la que los operadores cambien de roles”.

En el período de septiembre a diciembre de 2013, mujeres del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizaron una veeduría del sistema. Carol Piguave participó en el estudio e indicó que notaron 6 falencias: atención inadecuada, no existía un protocolo, registro o valoración del riesgo.

La tercera falencia fue la demora en la entrega de medidas de protección. Por ejemplo, de 546 encuestadas en la Valdivia, la mayoría (56,3%) recibió el amparo en 2 días. Lady Calderón, otra veedora, indicó que algunas denunciantes no regresaban porque perdían mucho tiempo y podían malograr el trabajo o hasta ser agredidas por sus parejas por ausentarse mucho tiempo; que algunas audiencias eran declaradas fallidas y concluyó enfatizando que faltaba capacitación y sensibilización a los servidores judiciales.