El asesinato de un policía comunitario y la desaparición de otro aumentan la tensión en el estado de Guerrero (ubicado al sur de México), después de un nuevo incidente que involucra a narcotraficantes y al Ejército mexicano, señalado también por presunta participación en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.

El pasado jueves 12 de noviembre, cerca de 100 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones el Estado de Guerrero (Upoeg), fuerza ciudadana de seguridad que se ha multiplicado en los últimos años como respuesta de los pobladores a la inseguridad, se enfrentaron con narcotraficantes en el poblado de El Naranjo, municipio Castillo, zona centro del estado de Guerrero.

Según informa la prensa local, mantuvieron extensas balaceras con células lideradas por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano hasta que soldados adscritos a la 35 Zona Militar, con sede en la capital estatal, llegaron a desarmar a los policías ciudadanos en lugar de capturar a los delincuentes.

Minutos después, 15 integrantes de la Upoeg fueron emboscados por los criminales y nada se supo de ellos durante cerca de un día. Cuatro de sus camionetas fueron calcinadas en el lugar, a donde también arribaron integrantes de la Marina.

Circuló la versión de que todos habrían sido ejecutados y la tensión se elevó al máximo: el viernes, cerca de mil personas interceptaron un convoy de unos 200 militares en la población de Carrizal y los retuvieron por un día.

Este domingo, el dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, confirmó que de los 15 policías comunitarios, uno fue hallado muerto, 13 con vida en cerros cercanos y otro se encuentra desaparecido.

Uno de los sobrevivientes, el comandante Benito Bello Meneses, dijo al periódico guerrerense El Sur que los militares les hicieron “como a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque después de desarmarlos los entregaron a los lacras”.

El estado de Guerrero sigue convulsionado por diversos flancos. También en estos días se registró una agresión de fuerzas de seguridad a estudiantes normalistas que pretendían tomar un camión de gasolina y la violencia sigue imparable en poblaciones como Chilapa, escenario de disputa entre los carteles ‘Los Ardillos’ y ‘Los Rojos’.

En esa localidad de 120 mil habitantes, solo la pasada semana hubo 6 personas asesinadas, entre ellas una mujer con dos niños, y ya se han hecho frecuentes las desapariciones y el hallazgo de cadáveres en terrenos baldíos y carreteras.

No parece haber control para la violencia en esa provincia, la segunda en el triste récord de número de asesinatos, según el recuento del semanario Zeta.

El primer lugar corresponde al estado de México, colindante con la capital del país, donde en años recientes ha crecido especialmente el asesinato de mujeres que después de muchos reclamos de organizaciones no gubernamentales por fin ha significado la declaración de alerta de género en 11 municipios, en julio pasado.

Pero los feminicidios también aumentan en otras regiones, como Quintana Roo, entidad con mayor flujo de turismo internacional, zona de Cancún y la Riviera Maya, donde se han registrado 7 casos en las últimas dos semanas y son al menos 20 los asesinatos en lo que va de 2015.

Protestas y pancartas han aparecido entre lujosos hoteles porque grupos en defensa de las mujeres exigen se emita una alerta de género, pero el gobernador, Roberto Borge Angulo, se niega a hacerlo al asegurar que son casos de violencia intrafamiliar y que algunas personas intentan utilizarlos con fines políticos.

Sin pistas aún, pero siguen las investigaciones sobre normalistas

Las explicaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, y el supuesto hallazgo de algunos de los cuerpos, no satisfacen a los familiares. Ellos siguen con la esperanza de no solo verlos vivos, sino también de castigar a las fuerzas militares y autoridades responsables del hecho.

Cuando faltan 2 meses para que se instale la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, los trabajos continúan en la recopilación de información, tal cual se informó en el portal SinEmbargo.mx.

En declaraciones a este medio digital, la diputada Cristina Gaytán Hernández urgió mayor celeridad a la recopilación, así como al trabajo de esta Comisión de la Cámara de Diputados, a fin de alcanzar avances suficientes.

La comisión fue integrada el 15 de septiembre con 10 diputados de diferentes bancadas, con el fin de dar seguimiento a las investigaciones y resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Recientemente, el exfiscal general de México Jesús Murillo Karam reconoció que fue un error calificar de ‘verdad histórica’ las conclusiones de la investigación oficial sobre la desesperación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur).

En ese entonces, Murillo dijo que la noche del 26 de septiembre los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala (Guerrero, sur) para luego ser entregados a miembros de un cartel narcotraficante, quienes los habrían asesinado e incinerado en el remoto basurero de Cocula, un municipio vecino. (I)

Perú y Chile niegan que el narco estaría en estos países

Policías federales rechazan acusaciones de que ellos ayudaron a El Chapo

Sumado a la ola de violencia que viven varios estados mexicanos, debido a las operaciones y riñas internas del narcotráfico, el otro episodio que capta la atención mundial es la búsqueda de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Las últimas informaciones, publicadas en el periódico venezolano El Nacional, indican que el narcotraficante y líder del cartel de Sinaloa habría pisado suelo en una región fronteriza con Colombia.

El diario reporta que a finales de septiembre, una nave con el narco a bordo aterrizó en una pista clandestina en el sur de Apure (Venezuela), en los linderos de un hato llamado Pesurca.

Un funcionario describe que ‘El Chapo’ habría bajado de la aeronave con otras tres personas y se subió a una camioneta.

Ante la presunta presencia del narcotraficante, quien escapó de la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio pasado, investigadores antidrogas de Estados Unidos y otros países de América Latina enviaron a las autoridades de la región información sobre las características fisonómicas de Joaquín Guzmán Loera.

No es la primera vez que personal policial, sin declarar su nombre, dan indicios de un supuesto paso del narco por un país de América Latina.

Por ejemplo, el pasado 6 de noviembre, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) decretó alerta roja después de que la Gendarmería Nacional de Argentina comunicó la posibilidad de que el narcotraficante mexicano se encontrara al sur del país, en las cercanías de la turística ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.

Mientras que el pasado 10 de noviembre, Perú desmintió que el delincuente haya pasado por este país vecino de Ecuador.

“Acabo de hablar con el ministro del Interior, y está descartada esa posibilidad. No está en el Perú”, dijo el zar antidrogas de Perú, Alberto Otárola, en una reunión con periodistas.

Lo cierto es que, en medio de rumores, la fuga de ‘El Chapo’ sigue siendo un misterio. Con 58 años, Guzmán se ha fugado dos veces de penales de máxima seguridad en México.

La última fue del penal de máxima seguridad del Altiplano, a unos 90 km de la capital. Unas 30 personas han sido detenidas por la fuga, 9 de las cuales acusada de ayudar al capo a huir.

Las autoridades mexicanas acusaron a policías federales de ayudar a Guzmán a escaparse, una decena de ellos rechazan firmemente los cargos. (I)