De las 6.278 personas privadas de libertad (ppl) en 2013 por delitos relacionados con estupefacientes, 539 fueron detenidas por tráfico de drogas y 5.739 por tenencia ilegal, lo que representa una diferencia del 1.000%, según cifras del Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral (Ceasi).

Por la primera infracción, Guayas registró 252 aprehensiones y por la segunda, 1.831; le sigue Pichincha con 107 y 944, respectivamente. La provincia con menor índice por comercialización ilegal fue Santa Elena, con una aprehensión; y por posesión Zamora Chinchipe, con 13.

El Ministerio del Interior difundió que entre enero y marzo de este año, en el país se registraron 1.510 detenciones por casos de tenencia y tráfico, ese número incluye el aislamiento de 259 menores. En el mismo período Guayas llegó a 613 aprehensiones de adultos y 124 menores a órdenes de las autoridades.

Con respecto al tráfico, uno de los  casos reabiertos este año, pero que tiene origen en marzo de 2011, es ‘Operación Pacífico’. La Policía detuvo a 7 individuos en Guayaquil, Durán y Santo Domingo de los Tsáchilas, e incautó alrededor de 5 toneladas de droga que presuntamente iban a México. En 2012, 5 recibieron penas privativas de libertad de entre 12 y 16 años, y a 2 ratificaron la inocencia.

Entre enero y marzo de este año 1.510 personas fueron detenidas en controles antidrogas.Pero las autoridades buscaban a 2 fugitivos, Carlos Q. y Édgar A., localizados en 2013 y juzgados hace una semana en el Décimo Tribunal Penal de Guayas, que los declaró culpables y hoy esperan su condena.

Ricardo Loor, líder de prevención del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), indicó que en varios casos de tenencia pudo existir una solución diferente a la prisión, pues estudios demuestran que muchos de los aprehendidos son consumidores y no comerciantes.

“Entre esos detenidos no están los grandes capos, es un problema que se debe analizar”, dijo Loor, quien reconoció que entre ese grupo indudablemente hay microtraficantes, pero considera que con ellos se puede hacer un trabajo especial para reformarlos, una de las opciones sería el emprendimiento social.

También explicó que un número considerable de ppl son usadores de drogas, que debido a su dependencia portaban cantidades desmesuradas y expresó que esos casos deben estar a cargo del sistema de salud.

La tabla elaborada por el Consep en este aspecto fija que cada consumidor, sin incurrir en delito, puede portar hasta 10 gramos (g) de marihuana, 2 g de pasta base de cocaína, 1 g de clorhidrato de cocaína, 0,1 g de heroína, entre otras sustancias.

El artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal, que regirá en agosto, dice que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, para consumo personal, será regulada por la normativa correspondiente; y el 220 señala que no será punible el consumo.

En eso coincidió, pero no del todo, el abogado Santiago Sánchez, quien ha defendido a consumidores, detenidos con porciones elevadas de alcaloides y fueron procesados como microtraficantes. “Ellos necesitan tratamiento médico y psicológico, pero debemos tomar en cuenta que no todos ingieren la misma cantidad, depende del organismo, no se puede cuantificar”, opinó. Al detener a un individuo es preferible someterlo  a exámenes clínicos para determinar si  es  adicto.

Sin embargo, Sánchez dijo que también hay microtraficantes que pretenden eludir su responsabilidad y alegan ser dependientes de los alucinógenos, pero cuando los agentes hacen los allanamientos, encuentran balanzas, fundas y otros objetos empleados para su comercialización.