La rebaja de penas era un negocio en la vieja cárcel
En los centros de rehabilitación social, unos que están en remodelación y otros que dejarán de funcionar como tal, no solo se vendían los derechos de uso de celda sino que también la prelibertad y la rebaja de penas eran un negocio.
En el primero de los casos, internos se apropiaban de los camarotes y los adecuaban a su manera para rentarlos a quienes podían pagar, y el que no tenía dinero dormía en el pasillo. Mientras que en el segundo caso los funcionarios vendían formularios para tramitar el acceso a estos beneficios, o los entregaban a las personas privadas de la libertad (ppl) a las que les debían favores.
La rebaja de pena por méritos, vigente desde 2008, se otorga a quienes tengan sentencia (pagada en un 60%) y cumplan con requisitos como buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación, siempre y cuando no tengan más procesos pendientes, pero esta no está sujeta a quienes hayan cometido plagio, asesinato, abusos sexuales, trata de personas, crímenes lesa humanidad, entre otros.
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dio a conocer que no se estaba haciendo un análisis objetivo en este aspecto, pues conoce que personas que no mostraban ganas de rehabilitarse (extorsionaban a sus compañeros o vendían drogas dentro de las cárceles) eran las primeras en ser atendidas.
“Los ppl tenían cierta cadena de favores con los directivos de los centros y obtenían los certificados sin haber cumplido con las actividades, o ponían sus carpetas al principio, tenían prioridad y dejaban (para el final) las carpetas de quienes no tenían cómo pagar o hacer favores”, explicó Zúñiga.
El abogado Pablo Paredes, quien tramita la disminución de condena para uno de sus clientes, se sumó a lo expuesto por la Ministra, porque fue testigo de lo que por años ocurrió en la Penitenciaría del Litoral.
“Vendían solicitudes y falsificaban certificados de seminarios (ebanistería, derechos humanos, etc.), hacían como que habían trabajado y cuando salían les decían que pusieran en práctica lo aprendido, pero no sabían hacer nada”, dijo Paredes.
Zúñiga anunció días atrás que el nuevo modelo de gestión penitenciaria contempla la democratización de los derechos de los privados de la libertad, lo que incluye que todos tengan un lugar semejante para dormir y habitar; alimentación igualitaria y en las horas adecuadas; tiempo para recrearse, trabajar y estudiar; y cumplir con actividades deportivas y culturales.
Sobre el trámite que realiza para su defendido, Paredes declaró que la carpeta contiene 3 copias de la sentencia, el parte de detención, la constancia del llamamiento a juicio, los certificados de permanencia laboral y de conducta, el escrito dirigido al director del centro de rehabilitación donde manifiesta la solicitud. No obstante, mencionó que el proceso no avanza a la velocidad deseada y que espera que eso se regule dentro de poco.
Zúñiga anunció que al momento se desarrolla un proceso de depuración y revisión de peticiones y requerimientos, porque no había un trabajo ordenado. Además, dijo que no se descartan sanciones para quienes hayan intervenido en estas prácticas.
Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, puntualizó que serán los jueces de Garantías Penitenciarías los que evalúen las solicitudes de rebaja.
Los equipos estarán formados por jueces de Garantías Penales de las cabeceras cantonales que ejercen en la Corte Provincial, pues así lo estipula el Código Orgánico Integral Penal que entrará en vigencia en agosto.
