La muerte de la niña Joselín Noemí A. Q., de 12 años, destapó un secreto a voces en el continente americano, el lucrativo negocio del tráfico ilegal de migrantes y particularmente de niños. La menor vivió esa trágica experiencia que la llevó a la muerte y con ello se fueron sus sueños de reencontrarse con sus padres que residen en Estados Unidos.

Este caso también puso al descubierto la organización delictiva que operaba en Ecuador, México, Centroamérica y Estados Unidos. Durante el proceso de investigación, 42 personas cayeron en la redada efectuada por la Procuraduría azteca.

Tras la muerte de la menor las autoridades policiales responsabilizaron a los dos familiares que la llevaron por la ruta de los ilegales.

El camino a México

Martha Q. y José A., padres de Noemí, que residen en Nueva York, Estados Unidos, querían tener a su lado a su hija, por ese motivo pactaron con los ‘traficantes’ el viaje clandestino.

Así el 4 de febrero de 2014, los abuelos se despidieron de Noemí, quien salió de su comunidad Molino Huayco, cantón El Tambo, provincia de Cañar, en compañía de sus parientes Raúl H. y María A.

Ellos trasladaron a la menor hasta Guatemala. En Centroamérica se encargaron de ella, Glenda D. y el guatemalteco Manuel L., según las investigaciones realizadas por inteligencia policial.

Cuando Noemí llegó a la frontera entre México y Estados Unidos, ya se encontraba con un traficante mexicano.

El 11 de marzo de 2014, la menor y el ‘coyote’ fueron detenidos en Ciudad Juárez. Ella fue trasladada a un albergue, donde después de hablar con una funcionaria del lugar se trasladó al baño, donde la hallaron muerta, presumiblemente se suicidó.

Desde ese momento empezaron las indagaciones policiales y fiscales en Ecuador y México. El 12 de abril de 2014 llegó a la comunidad El Rosario el cuerpo de la niña.

Inicio del proceso judicial

Una vez que fueron aprehendidos Manuel L. y Glenda D., el 18 de abril el juez de Garantías Penales de Cañar, Eddy Suárez, dictó prisión preventiva en su contra por su presunta participación en el delito de tráfico ilegal de migrantes; y dispuso 90 días para la instrucción fiscal. El juez también emitió la prohibición de enajenación de los bienes de los procesados.

En tanto, en México fueron detenidas 42 personas con cargos de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de indocumentados, tráfico de personas con agravante cuando se trata de menores de edad y abuso sexual, informó Mónica Castillejos, integrante de la delegación de la Procuraduría mexicana, que se encargó de las investigaciones por la muerte de la menor ecuatoriana.

“Trece de los 42 detenidos son probables responsables que participaron directamente en el albergue y traslado de la menor desde distintos puntos en el sur de México hasta su llegada a Ciudad Juárez”, reveló Castillejos.

“Pudimos desmantelar de raíz esta organización criminal cuyo centro de operación consistía principalmente en Ciudad Juárez, en Durango, en Coahuila y en algunas zonas de la ciudad de México”, dijo la delegada.

Además, en el informe de investigaciones, Castillejos dijo que a base de las pericias y estudios forenses se estableció que la causa de la muerte de Noemí A. fue por asfixia al suicidarse con una cortina de baño.

También, detalló que en esas pericias se determinó que Noemí fue violada de 3 a 6 días antes de su muerte.

Vinculación e indagación

En Ecuador, el 21 de abril se vincularon al proceso al guatemalteco Raúl H. y la ecuatoriana María A., quienes estaban prófugos.

La Fiscalía pidió, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que el Consulado de Ecuador en Nueva York recepte las versiones de los padres de la menor.

En la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen la fiscal Jenny Vásquez se refirió a la solicitud de la comunidad El Rosario, que se oponía al proceso en contra de Raúl H. y María A. y pedían que se lo archive, con el argumento de que ya se aplicó la justicia indígena a los procesados, debido a que habrían aceptado su participación en el delito. “El castigo fue posterior al inicio de la instrucción fiscal”, manifestó.

Sin embargo, ella presentó su dictamen acusatorio en contra de los imputados por el delito de tráfico ilegal de migrantes con muerte, basándose en los testimonios anticipados del abuelo de la víctima y de un testigo protegido.

El 3 de septiembre, el juez de la Unidad Segunda de Garantías Penales del Cañar, Eddy Suárez, acogió el dictamen y llamó a juicio a los tres ecuatorianos y al guatemalteco.

El 21 de noviembre fue capturado Raúl H. cuando se movilizaba en un bus de transporte público en la vía Cañar-Cuenca.

Los procesados Manuel L. y Glenda D. interpusieron recursos de apelación y nulidad al llamado a juicio. Pero, la Sala Multicompetente de Cañar rechazó las dos acciones legales y ratificó el llamamiento a juicio emitido en su contra.

El 3 de febrero de 2015 se inició la audiencia de juicio en contra de los cuatro imputados en el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cañar. Los primeros que rindieron su declaración fueron los padres de la menor por medio de videoconferencia.

Los jueces del tribunal sentenciaron a 16 años de privación de libertad a los acusados Manuel L. y Raúl H. como autores del tráfico de migrantes. Mientras que, a la procesada Glenda D. se le ratificó su inocencia. El juicio quedó suspendido para María A. por estar prófuga. El pasado 21 de mayo fue ratificado el fallo. (I)