La lucha es como Estado Parte del Sistema IDH, no desde afuera
El día 24 de enero de 2014 concluyó la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tuvo como una de sus resoluciones el pedido para profundizar el informe presentado por Ecuador y Uruguay con respecto al cambio de la sede de la CIDH, propuesta que fue presentada en la conferencia anterior, con otros planteamientos reformatorios al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sobre esta discusión, que involucra a los países miembros del Pacto de San José, y la posición de nuestro país, quisiera proponer algunas consideraciones. Uno de los logros más importantes del sistema hemisférico reside en los procesos de interacción entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno de cada Estado en la protección de los derechos humanos. No se pueden subestimar las dificultades que atraviesa el Sistema Interamericano de DD.HH., pero tampoco podríamos pensar que sus reformas más indispensables se concreten en avances instantáneos. Al mismo tiempo, cabe señalar que toda iniciativa nueva orientada a fortalecer los mecanismos regionales de protección de derechos y libertades -como nuevos organismos sudamericanos- puede ser interesante; empero, ello no debería significar el debilitamiento del actual sistema o que nuestro Estado pueda abandonarlo. La lucha es estando adentro, no dejarlo.
Es muy pertinente plantear y discutir las modificaciones procedimentales y reglamentarias que se requieren para innovar la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), pero esa disputa institucional y geoestratégica conviene desarrollarla dentro del propio Sistema Interamericano y no fuera de este. La institucionalidad existente para la protección de DD.HH. en los países que conforman el Pacto de San José requiere de procesos de largo aliento para su mejoramiento organizacional, que son los que precisamente deben convocar a esos Estados a la búsqueda de miradas más integrales y contundentes para la concreción de reformas, lo cual tampoco se agota en un eventual cambio de sede de Washington de la CIDH. Se requieren, entre otros aspectos, la discusión sostenida sobre los problemas que enfrentan las y los jueces al interior de cada Estado, para la aplicación de los instrumentos internacionales; evaluar la compatibilización y la prevención de conflictos entre las jurisdicciones internacional y nacional en materia de derechos y garantías; robustecer la supervisión internacional de la compatibilidad de los actos internos de los países con respecto a sus obligaciones externas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; monitorear y revisar los recursos de derecho interno con que cuenta cada Estado, en la medida en qué tan eficaces son con respecto a los compromisos con la Convención Americana; y, finalmente, dar seguimiento y profundizar el estado de los órganos y procedimientos del Derecho Público interno en esta materia. Los nuevos ordenamientos constitucionales de algunos Estados consagran el principio de cláusula abierta para incorporar los contenidos de instrumentos internacionales como parte de la legislación estatal y han avanzado formalmente para su consolidación. Ahora, el reto ineludible para el Sistema Interamericano sigue siendo medir la labor de los tribunales internos a la hora de implementar las decisiones judiciales internacionales.
Todos estos temas deben ser abordados en la próxima conferencia, reconociendo que la relevancia de estos objetivos estratégicos para el Sistema Hemisférico implica la discusión y aportes de Ecuador como parte activa en su desarrollo. No nos convendría dejarlo justamente en concordancia con aquellas tareas pendientes que también son necesarias para las poblaciones de los países americanos. No podemos perder de vista que la propuesta nuestra también debe pensar que los inconvenientes del Sistema Interamericano merecen lecturas que incluyan aquellas transformaciones internas y externas para los tribunales y autoridades administrativas de las naciones del Pacto de San José. Hay temas muy trascendentes, como el presupuestario y su financiamiento, pero la discusión debemos complementarla con los ámbitos estructurales de funcionamiento, pensando cómo mejorar la atención que reciben quienes se han visto perjudicados en sus derechos y al no obtener respuesta en la justicia interna, requieren del Sistema Interamericano que los proteja.
