Katalina Ruiz  de Merchán vive en el cantón General Villamil Playas (provincia del Guayas). Ella hace varios años presentó una denuncia por estafa en contra de un familiar, con  documentos que aseguraban  el delito cometido por los cheques sin fondo que tenía en la acusación.

Al parecer todo era sencillo y el hecho no quedaría impune. Sin embargo, ella para continuar con el proceso constantemente viajaba, más de 70 kilómetros, a la oficina fiscal más cercana que queda en Guayaquil.

En la práctica perdía un día de trabajo en su local de artículos varios   solo para mantener contacto  con su abogada para seguir los trámites que demanda el proceso, los llamados del fiscal y colocación de sustentos a su denuncia.

Katalina de Merchán finalmente desistió y la demanda no pasó a mayores. “Parece sencillo tener que viajar más de 60 kilómetros, pero hay que trabajar y es molestoso dejar botado todo solo para no descuidar el trámite. Yo no tengo vehículo y tengo que trasladarme en transporte  público...”, recuerda. 

Esta realidad fue observada cuando era fiscal de menor jerarquía Antonio Gagliardo, quien vivió personalmente los inconvenientes que pasaban tanto los denunciantes  como el personal del Ministerio Público, que se trasladaba  al sitio.

Gagliardo, al asumir el cargo de ministro fiscal Distrital del Guayas, emprendió el trabajo de incrementar el número de oficinas fiscales en la provincia,  como se evidenció   en 2008 cuando se crearon 9 oficinas cantonales en la provincia y en la actualidad ya hay 15.

“Al asumir   las funciones de la Fiscalía solo había oficinas en los cantones de Daule, El Empalme, Durán, Milagro, Naranjal y Guayaquil. Poco a poco con la ayuda del Gobierno Nacional, el plan del anterior fiscal e iniciativa propia aumentamos   la de Playas, en donde inclusive se compró el terreno que antes era alquilado; luego se inauguró la de Pedro Carbo, Santa Lucía, Palestina, Naranjito, Yaguachi, Balao, Samborondón, Balzar, El Triunfo,  Salitre”, precisa.

Agrega que las fiscalías se las ha  creado para que las personas no se movilicen a otros cantones a denunciar algún caso y gasten dinero.

La falta de oficinas de Fiscalía cercanas era  uno de los motivos para que la gente no haga las denuncias respectivas, porque era más oneroso para ellos ir de un cantón  a otro ubicado a 60 km de donde habita.

Ante esta realidad hubo la decisión firme de  crear   fiscalías en los  cantones para dar facilidades a la ciudadanía. “Lo que se hizo fue poner un fiscal con equipo completo, donde ellos atienden y tienen la obligación de vivir  ahí”, explica.

No hay jueces

Gagliardo revela que un problema que tienen en este momento y esperan que con los cambios que hay en la judicatura se los remedie, es que en la mayoría de los cantones donde se ha  creado fiscalías  no hay jueces. El único cantón donde hay jueces penales es en Daule, a donde se dirigen las personas de Pedro Carbo     y también las de Salitre.

Lo positivo al haber un fiscal en más cantones es que  él  hace las investigaciones requeridas en el lugar,   toma las versiones y ordena las diligencias. Antes era un problema, el fiscal estaba en Guayaquil y debía trasladarse a Pedro Carbo, el de Durán tenía que irse a Samborondón, el de Daule a Salitre. “Todo esto está cambiando en beneficio de los usuarios”, dice.