La Fiscalía presentó  la mañana de ayer pruebas que involucrarían a Rommel Patricio Herrera Márquez, ex funcionario del Ministerio de Salud, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

Herrera es acusado de desviar  fondos, por más de tres años, a cuentas particulares de sus familiares, ocasionando un perjuicio  de 3’400.000 dólares al Estado.

Para cometer las presuntas actividades ilícitas, el procesado habría aprovechado que era uno de los encargados de manejar el Sistema de Pagos (ESIGEF), con el que se cancelan sueldos y demás compras de equipos e insumos.

Además de Herrera, el fiscal Miguel Jiménez pidió que se acuse a Teresa Guanaquiza, esposa del ex funcionario, como autora;  a su cuñado  Juan Guanaquisa, como coautor; a Natasha Ordóñez, del departamento de Pagaduría, como cómplice; a Eugenia Cruz y Basiliza Tello, funcionarias del Centro de Salud Nº 8, como encubridoras; y a Diego Vinueza y Steven Salas, también como encubridores.

Al mismo tiempo, la Fiscalía  se abstuvo de acusar a tres personas:   Jenny Márquez, madre del acusado, y a Patricia y Eduardo Hernández, hijastros de Herrera.

Entre los elementos de convicción que el fiscal expuso ante el juez Freddy Sanmartín, quien en las próximas 72 deberá emitir la resolución, constan movimientos bancarios y documentos financieros  que no fueron justificados.