El panorama legal del vicepresidente Jorge G. se complica más. La Fiscalía General del Estado inició oficialmente una investigación en su contra por el supuesto delito de  cohecho. La decisión se basó en las presuntas irregularidades encontradas entorno a los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht.

Esta es la segunda indagación penal contra Jorge G. luego de que se destapara el escándalo de los sobornos de la constructora para beneficiarse de contratos con el Estado. El primer expediente es por presunta asociación ilícita y está en la etapa de instrucción fiscal. Por este proceso, el Vicepresidente está detenido a la espera de la decisión de entrar o no a juicio.

La figura legal del cohecho tiene una implicación judicial más fuerte que la asociación ilícita.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 280, explica que la autoridad o funcionario público que “reciba o acepte, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Añade que “si la o el servidor público ejecuta el acto será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Además, según la Constitución, el cohecho es una de las causales para un juicio político en contra del Segundo Mandatario, que pudiera terminar en su destitución.

El Vicepresidente, públicamente, ha dicho que no participó en esos contratos ni ayudó a Odebrecht de ninguna manera. En su testimonio a la Fiscalía recordó que él fue grabado clandestinamente por el exdirectivo de la constructora en el país, José Conceição Santos, pero ese audio no “contiene expresión alguna que refleje asociación ilícita con Odebrecht. No existe expresión alguna en la que haya pedido o recibido algo indebido, ilícito o delictual”.

Aseveró que se trata de una venganza de Odebrecht por su actitud cuando expulsó a la constructora en 2008 y  porque congeló el pago de $ 100 millones tras estallar el escándalo de las coimas. Además dijo que fue él quien pidió a la justicia investigar y sancionar las irregularidades de Odebrecht en el país.

“Los perdedores de las elecciones anhelan que el caso Odebrecht se zanje con mi cabeza como trofeo. Quieren la Vicepresidencia de la República sin ganar elecciones”, dijo.

En este caso también fue vinculado Ricardo R., tío del Segundo Mandatario, quien supuestamente recibió $ 14 millones de la compañía brasileña para gestionar un contacto directo con el Vicepresidente y así ayudar a que regrese a Ecuador y, luego, para la adjudicación de contratos con el Gobierno.

También se activaron otras cinco indagaciones por la central hidroeléctrica Manduriacu; el poliducto Pascuales-Cuenca; los trabajos en el terreno de la Refinería del Pacífico; el acueducto La Esperanza; y el trasvase Daule-Vinces.

Los cinco expedientes serán tramitados en las oficinas de la Fiscalía General del Estado.  El proceso de investigación es reservado, según establece el Código Penal.

Lavado y defraudación al fisco

La Fiscalía General del Estado dispuso a sus equipos de investigadores que inicien los procesos penales por supuesto lavado de activos a tres empresas que estarían vinculadas con Ricardo R.

Estas son Televisión Satelital (que ahora es propiedad de sus hijos), Telconet y Glory International Industry.

Según las investigaciones fiscales, Telconet y Glory triangularon dinero de Odebrecht. Ambas están relacionadas con el empresario Tomislav Topic, quien ha negado su participación o la de sus empresas para favorecer a Ricardo R.

Las mismas sospechas recaen sobre Diacelec, compañía que se dedica a la comercialización de acero para la construcción. Su propietario es Édgar A., uno de los procesados por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Las sospechas de la Fiscalía apuntan a que Diacelec, presuntamente, fue usada para traer dinero de la offshore panameña Columbia Management, desde la cual se hicieron los supuestos pagos de los sobornos a los funcionarios ecuatorianos que adjudicaron las obras a Odebrecht. Otros expedientes por presunto lavado de activos van en contra de las compañías Plastiquim y Cosani.

La Fiscalía cree que ambas sirvieron para transferir dinero de Odebrecht al excontralor Carlos Pólit. Según José Santos pagaron a Pólit más de $ 10 millones para que los libere de las auditorías y glosas en los contratos públicos.

Otra firma indagada es Dramiston, que tendría relación con el abogado Carlos P.C.. Según la delación de José Conceição Santos, a través de esta empresa offshore le transfirieron más de $ 4 millones con la condición de que sea un nexo con el Gobierno, vínculo que no pudo ser verificado por los ejecutivos de Odebrecht. En contra de la constructora brasileña también se abrió otro expediente fiscal por supuesta defraudación tributaria.

Este caso nace de la confesión de Conceição Santos, quien dijo que adulteraron la contabilidad de la empresa para pagar menos dinero al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Bajo este mismo delito se indagará a la compañía Equitransa, de Kepler V., quien confesó que modificó sus facturas de servicios a Odebrecht, dinero que entregó a los empleados de la firma para los sobornos a funcionarios públicos.

Una parte de estas indagaciones contra las empresas será responsabilidad de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, liderada por la fiscal Diana Salazar, que tiene su oficina en Quito, pero jurisdicción nacional. El resto irá a las unidades provinciales de la Fiscalía. (I)