Andrea lucha hace 3 años por recuperar a su hijo, que nació en Ibarra y fue arrebatado de su regazo, mediante engaños, por su pareja Roberto, con quien mantuvo una relación extramarital, ya que era casado.
Al principio acudió a la Fiscalía de Ibarra, donde se abrió una causa por el secuestro del niño; sin embargo, no prosperó el caso porque el padre inscribió al pequeño como si hubiese sido concebido por su esposa legal.

Sin dinero para seguir un juicio llegó a Quito, donde reside Roberto, entonces una persona le sugirió que acuda a los consultorios jurídicos de la Universidad Católica, donde finalmente la ayudaron a encaminar su caso, sin costo alguno.

Luis Vera, coordinador del área de la Niñez y Adolescencia del consultorio jurídico de la Universidad Católica, indicó que aceptaron el caso de Andrea y han solicitado la prueba de ADN y otras diligencias, con lo que esperan demostrar cuál es la verdadera madre, y así la mujer, de 21 años, pueda recuperar a su niño.

“Este caso es singular, había que hacer muchos escritos y solicitar pruebas, lo cual significaría un gasto de entre $ 10 mil y $ 15 mil en caso de seguirlo de manera particular. Nosotros asignamos un estudiante para que lleve los casos siempre bajo supervisión de un profesional, por eso confiamos que pronto Andrea pueda recuperar a su hijo”.

El director del centro gratuito, Jorge Cevallos, indicó que en el consultorio, que atiende más de 50 años, despacha un promedio de 1.000 consultas mensuales e inician alrededor de 200 procesos en el mismo lapso de tiempo. “La mayor cantidad de juicios que patrocinamos son por divorcios o casos de niñez y adolescencia, laboral e inquilinato”, dijo.

Cevallos manifestó que el consultorio de la universidad está autorizado para operar y cada año es evaluado. “Esto permite que la Defensoría Pública verifique nuestro trabajo, que además sirve de prácticas a los estudiantes que están en los 2 últimos semestres de la carrera para abogados”, agregó.

El defensor Público, Ernesto Pazmiño, expresó que en el país funcionan 58 consultorios jurídicos gratuitos. “Las facultades de Jurisprudencia de las universidades deben brindar estos servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 de la Constitución y el artículo 292 del Código Orgánico de la Función Judicial”, explicó.

Del total de consultorios acreditados, 52 pertenecen a las facultades de Derecho, 3 a gobiernos autónomos descentralizados, 2 a fundaciones y 1 a una ONG”.

Centros de defensa y asesoría

Pazmiño destacó que estos consultorios jurídicos gratuitos (CJG) son centros de defensa y asesoría jurídica para personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria.

Cada consultorio tiene un coordinador o coordinadora general, que debe ser abogado (a) con experiencia mayor a 2 años en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo establecido por la Defensoría Pública. Además, los CJG cuentan en algunos casos con otros abogados y estudiantes de Derecho.

Por este motivo, se ha construido un conjunto de indicadores de medición y control con la finalidad de que se cumplan las disposiciones reglamentarias y asegurar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Las materias jurídicas y otras actividades en las que los consultorios brinden su servicio serán determinadas, en coordinación con la Defensoría Pública, en función de sus competencias, la demanda que hay, su ubicación geográfica, requerimientos y las materias de atención. Además, los consultorios atenderán a los ciudadanos por lo menos 8 horas diarias. (I)