“Esta decisión ha sido un paso muy importante para nosotras y nuestros hijos, aunque ya nadie les devolverá el amor de sus padres”, expresó Dolores Briones después de que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), compuesto por Wilson Merino, Richard Villagómez y Paúl Íñiguez, sentenció a 5 policías en el grado de autores de asesinato, a 16 años de reclusión mayor especial y liberó a 6, de ellos 5 uniformados y un fiscal.

Los jueces indicaron en su dictamen que las acciones cometidas por los exmiembros del GIR: Douglas Y.,Héctor F., RicardoLl. y Luis S., así como el expolicía Erick S., están señaladas en el artículo 450 del Código Penal anterior, vigente al momento del cometimiento de los hechos y con el que se inició la causa.

Además, manifestaron que la acción de los policías causó la muerte de 8 personas al interior del local y que nunca se probó que hubo un uso progresivo de la fuerza. Tampoco existió enfrentamiento y todos los abatidos recibieron disparos por la espalda cuando estaban sometidos en el piso.

Libertad para 6 implicados

Con respecto a los policías Darwin S., Marcos V., Darwin C., y Luis C., los miembros del Tribunal Penal de la CNJ consideraron que de la información que se proporcionó como prueba en el proceso, podrían haber sido acusados como autores; sin embargo no se los imputó de esa manera.

Además, su participación fue posterior a los asesinatos, por lo que entrarían en la figura de encubridores y con base en el Código Penal anterior los condenaron a 2 años de prisión.

Pero, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya no contempla el encubrimiento como una forma  de participación en un delito ajeno, los jueces los absolvieron por el principio de favorabilidad de la norma.

Los jueces esbozaron el mismo razonamiento con respecto al exfiscal Carlos P., quien también fue sancionado con 2 años de prisión, pero la pena fue condonada y por consiguiente quedó en libertad.

El tribunal declaró inocente al excomandante de Policía Jorge P., ya que en su contra no se presentaron pruebas suficientes para incriminarlo.

Indemnización

ElTribunal resolvió otorgar una indemnización económica reparatoria que deberá ser cancelada solidariamente por los sentenciados. Para calcular los montos, los jueces utilizaron como referencia los datos del INEC que fijan como esperanza de vida en el Ecuador 76 años y restaron la edad que tenían las víctimas cuando fueron asesinadas. Con esa lógica, determinaron que Dolores Vélez reciba $ 210.334 y Dolores Briones $ 224.640.

En esta caso también se sumaron como acusadoras particulares Olga Reyes, madre de José Cañar Reyes, abatido en el operativo, a quien le otorgaron $ 196.064; e Iris Vergara, esposa de Germán Aguiar, igualmente fallecido en la farmacia, con $ 186.544. “No hay precio que represente el valor de una vida, eso es lo de menos, lo importante ahora es que los prófugos sean detenidos y procesados”, recalcó Vélez.

El Tribunal también resolvió que el Estado ofrezca disculpas públicas a los familiares de las víctimas y determinó que este caso no se lo llame  ‘Las Dolores’, sino caso ‘González y otros’, con relación al mayor de Policía Eduardo G., quien lideró el operativo y se encuentra en calidad de prófugo en Miami.

Prófugo intranquiliza a Vélez

Dolores Vélez mencionó que el veredicto le complace, pero no la tranquiliza, “todavía hay 7 prófugos, incluido Walter C., quien ejecutó a mi esposo que entró a la farmacia a comprar pañales”.

Además, recordó que todavía está pendiente el proceso por las 4 desapariciones que también dejó el operativo policial. “Es un descanso momentáneo, la justicia ha demorado pero al final Dios nos acompañó y los culpables fueron sancionados”, dijo la mujer.

Pruebas contundentes

La resolución de los magistrados se efectuó al cumplirse 4.002 días de cometidos los crímenes suscitados el 19 de noviembre de 2003 al interior de la farmacia de La Alborada, en el norte de Guayaquil.

En la lectura de la sentencia, el juez Wilson Merino emitió el fallo con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, puesto que cumplen con las normas técnicas. Entre ellas, los informes presentados por los peritos Víctor Bernía, Víctor Rivero, Blanca Sánchez y Tania Colmenares, pertenecientes a la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas (Venezuela).

El juez detalló que una de las evidencias más contundentes se refiere a que solo hubo 2 armas incriminadas a los ciudadanos fallecidos, las cuales no dispararon proyectiles en el lugar. En cambio, las armas de  los policías son las que se dispararon en la escena.

Al respecto, el abogado Ramiro Román, defensor de los 4 uniformados del GIR sentenciados, reclamó que el tribunal nunca tomó en cuenta que habían varios proyectiles en la escena que no pertenecían a las armas que portaban sus defendidos, por eso una vez que reciban la sentencia por escrito, solicitarán aclaración y ampliación de la sentencia y luego presentarán un recurso de apelación y nulidad.

Los magistrados recomendaron a la Judicatura que analice la actuación del abogado Luigi García, defensor de los imputados.