Las lágrimas  reflejaban la indignación de los asistentes  que -con gritos de “queremos justicia!” o “cárcel para el criminal!”- censuraban la decisión del Tercer Tribunal de Garantías Penales del Guayas de suspender, por tercera ocasión, la audiencia de juzgamiento contra Jonathan Camilo López Cadena, de 29 años, asesino confeso de su esposa, María Gabriela De Janón González y de su hija Luciana López De Janón, hecho ocurrido el  pasado 8 de marzo  en su domicilio, ubicado en Samanes 4, al norte de Guayaquil.

La diligencia estaba prevista para las 09:20 en el tribunal, integrado por Franklin Ortiz, Juan Paredes y Félix Rodríguez, que decidió dar como fallida la cita porque no asistió el abogado defensor del procesado, Adeodato Valencia Galarza.

La resolución causó malestar en los familiares y amigos de las víctimas que llegaron, al Palacio de Justicia, con las mismas  camisetas y  carteles con leyendas y fotografías de María Gabriela, de 26 años, y Luciana Emilia, de 6, que mostraron el pasado 23 y 30 de septiembre, durante  la primera y segunda convocatoria, respectivamente.

Pedro Moreira, abogado de la familia De Janón, explicó que la audiencia fue suspendida porque la defensora pública de oficio, Elizabeth Solano, se abstuvo de intervenir, a pesar de que era su obligación. “Lo que ha argumentado la defensora pública es un dislate jurídico, al decir que no podía comparecer en la audiencia  porque en las dos convocatorias anteriores sí había acudido el defensor titular”.

Silvia De Janón, hermana y tía de las víctimas, aseguró que con la suspensión de la audiencia lo que se pretende es dilatar el proceso. “Ahora lo que quieren es darle largas para que el acusado salga al cumplir el año sin sentencia, tomemos en cuenta que ya van nueve meses y aún no se da la audiencia”.

Mientras tanto, el procesado fue llevado a la sala de audiencias con redoblada protección policial  y así se mantuvo   hasta que se cumpliera la hora judicial y cuando  fue retirado, el repudio de los deudos fue   evidente, que, a más de los gritos de “asesino” o “monstruo”, intentaron arrebatarlo de los policías y guías penitenciarios, para  tal vez  hacer justicia con sus  propias manos.

Los familiares de las víctimas junto con el abogado Moreira, una vez que se declaró la audiencia fallida, decidieron acudir hasta las dependencias de la Defensoría Pública Penal (DPP) en Guayas, ubicada en el edificio del antes Banco

La Previsora, donde, según   Yuri De Janón, hermano y tío de las fallecidas, presentaron por escrito una queja contra Solano por su supuesto  mal procedimiento profesional.

Asimismo, informó que un funcionario de la DDP-G se comprometió a designar a un abogado o abogada que preste sus servicios en la institución para que esté pendiente de la diligencia, el próximo 22 de diciembre, e intervenga en caso de que se repita una situación similar a la suscitada ayer.

Los miembros de la  familia De Janón González manifestaron que realizarán los trámites amparados en la ley para   agilizar el proceso contra López y se obtenga, antes de que se cumpla la caducidad de la prisión preventiva, la pena máxima por el delito de asesinato.