La jueza Daniella Camacho aceptó, la tarde del martes 5 de noviembre de 2019, los recursos interpuestos por Pamela M. y Laura T., y sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por la de prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.

Las dos ciudadanas son procesadas por su supuesta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el denominado caso “Sobornos 2012-2016”.

La fiscal general del Estado Diana Salazar sostuvo en su exposición que las solicitudes de las procesadas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en lo referente a la prisión preventiva, pues "no se han desvanecido ni modificado los elementos de convicción sobre la existencia del delito y la presunta autoría". 

Por su parte, la Procuraduría General del Estado planteó el mismo argumento en su acusación particular.

La defensa de Pamela M. y Laura T. había solicitado la sustitución de la prisión preventiva en razón de que ambas han sido incluidas en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) y que han proporcionado información a la investigación, lo cual fue consentido por la Camacho.

La Fiscalía investiga los presuntos "aportes irregulares" que habrían realizado contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, "en beneficio de un movimiento político".

En este caso, actualmente se halla suspendida la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas y su reinstalación está prevista para el lunes 11 de noviembre de 2019, cuando la Magistrada dé a conocer su resolución sobre la existencia o no de vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad. (I)