Eduardo Cruzatty, juez temporal 15º de Garantías Penales de Manabí, fue recluido el miércoles en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Portoviejo, luego de que fuera detenido por prevaricato tras una resolución  que emitió en el caso “Cascabel”, que se inició en octubre de 2012 por el delito de lavado de activos.

En el Palacio de Justicia de Manta hubo tensión por la detención del judicial, quien llevaba el proceso que consta de 116 cuerpos, cada uno con 100 fojas.

El pasado 1 de julio, en la sala de audiencias, y con la presencia del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, se llevó a cabo la audiencia preparatoria a juicio contra los implicados en el proceso: Pablo y Francisco Javier C.L. (ambos de nacionalidad española), Servando C.R., María Fernanda  M.U., Raquel Inés P.G., Yolanda Enrique R. y Adriana O.R.

El operativo denominado “Cascabel” se cumplió en octubre del año pasado y  permitió a la Policía desarticular una organización internacional dedicada al lavado de activos, producto de posibles vínculos con el narcotráfico.

Esta organización presuntamente traficaba estupefacientes, luego de haberse encontrado en 2010 un contenedor en cuyo interior había alcaloide que llegó a España. En primera instancia el proceso se inició en Guayaquil, donde los jueces los sobreseyeron; sin embargo, la investigación continuó.

Tras varios meses de investigación se determinó que éstos tenían movimientos inusuales de dinero...Tras  varios meses de indagación, se determinó que estos tenían movimientos inusuales de dinero, todo sustentado en la pericia documental personal, patrimonial, societaria y financiera proporcionada por instituciones públicas y privadas, y por los indicios encontrados en los allanamientos.

Los tres españoles, Servando C.R.  y sus hijos Pablo y  Francisco Javier C.L.  instalaron fábricas en Manta, a través de las cuales habrían movido cerca de 108 millones de dólares.

Durante la audiencia preparatoria a juicio, la Fiscalía sostuvo la acusación sobre los sindicados como autores, pero luego el juez Cruzatty modificó el grado de participación de los acusados, a quienes consideró como encubridores del hecho ilícito, mas no como autores.

Por esa situación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Cruzatty, por el presunto delito de prevaricato, pedido que fue aceptado por el  presidente de la Corte de Justicia de Manabí, Carlos Delgado.

Según el artículo 14 de la Ley de Prevención y Detección del Delito de Lavado de Activos, se determina que  los autores, tanto de manera directa como indirecta, tienen una responsabilidad penal en el delito que se investiga.

Es decir, que aunque se haya determinado la calidad de encubridores, estos debían permanecer en prisión; sin embargo el juez también emitió boletas de excarcelación, con lo que quedan los procesados con  medidas sustitutivas.

Cristhian Villarreal, juez titular, dejó sin efecto lo resuelto por su antecesor, por lo que ratificó la prisión preventiva de los procesados.

Además de este proceso, se conoce que el Consejo de la Judicatura abrió a Cruzatty un sumario administrativo, por lo que podría ser suspendido definitivamente.