El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Miguel Jurado Fabara, dispuso prisión preventiva contra Jorge G., y Ricardo R., quienes son parte de los 18 vinculados en el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, en Ecuador.

Además, a Jorge G., quien estaba con prohibición de salir del país, se le ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas bancarias.

A Ricardo R. se le cambia la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva, pero antes será valorado en el hospital Luis Vernaza y tendrá una celda con facilidades por su edad y condiciones de salud.

La resolución fue adoptada ayer en la tarde al término de la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el fiscal Carlos Baca Mancheno, quien justificó su pedido en el hecho de que hay un “incremento” del riesgo de fuga de los procesados y por el hallazgo de nuevos elementos de convicción en la investigación por asociación ilícita. El Fiscal presentó tres presuntas evidencias contra Jorge G. para solicitar la prisión preventiva.

Los testimonios anticipados de cinco personas procesadas, entre estas, de José Conceição S., exdirectivo de Odebrecht, y de Alfredo A., excercano colaborador de Ricardo R., son “coherentes” y  corroboran la posible asociación ilícita.

Además, la información remitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica la transferencia de dinero desde las cuentas de Odebrecht. El Fiscal detalló un pago por $ 150.000 en donde aparecen como códigos las palabras ‘Manduriacu’, ‘Obra’ y “Tío”.

Según Baca la información es “inequívoca”, y en ella se detallan los pagos y la posible participación de Jorge G. en asociación ilícita.

La tercera evidencia es la versión de Ricardo R.,  que sostiene la relación con el Vicepresidente. Además enfatizó que las declaraciones públicas de Jorge G., en las que se define como perseguido político, ponen en riesgo el trabajo de la Fiscalía. “Nuestro trabajo no responde a ningún partido político”.

Durante su intervención, Baca pidió al juez que tome en cuenta una nueva indagación reservada en contra de Jorge G., pero no reveló por qué delito, aunque sí manifestó un supuesto cohecho.

En cuanto a Ricardo R., el Fiscal presentó un parte de la Comandancia de Policía de Guayas, en donde se advierte del “riesgo de fuga”, debido a que no siempre utiliza el dispositivo de vigilancia electrónica que le ordenaron usar desde el 3 de agosto, y a que su casa no ofrece las seguridades porque en el patio existen tres puertas: una que da a la calle; otra, al dormitorio, y la tercera, que no se sabe a dónde conduce. Al conocer el fallo, el Fiscal dijo que actuará en derecho y que continuará con las investigaciones en otros delitos que se habrían cometido en el caso Odebrecht.

Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge G., rechazó la resolución, anunció que apelará, que recusará al juez, y señaló que su defendido no renunciará a la Vicepresidencia.

En tanto, Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., señaló que su cliente debe ser trasladado al hospital para recibir atención médica y apelará la sentencia.

Reacción de Jorge G.

Apenas conocida la resolución del juez, Jorge G., desde su domicilio situado en el kilómetro 11 de la vía a la Costa, se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Acato BAJO PROTESTA este infame atropello en mi contra, aún tengo fe en que la justicia se imponga”, escribió el Vicepresidente, quien aseguró que esta decisión se toma sin pruebas y con indicios forjados.

No descartó acudir a instancias internacionales para defenderse.

Horas antes reiteró su inocencia y aseveró que en sus planes no está huir, pues dijo que enfrentará a la justicia ecuatoriana. (I)

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Gobierno analizó el futuro de la Vicepresidencia

A los pocos minutos de que se conoció la disposición del juez Miguel Jurado, el secretario nacional de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, afirmó que el Gobierno Nacional analizará si se encarga la Vicepresidencia de la República.

“Eso tenemos que analizarlo inmediatamente, justamente hoy (ayer) que tenemos reunión de gabinete se tratará esta circunstancia. Cuando ya tengamos una resolución, pues haremos una comunicación oficial”, expresó el funcionario en declaraciones a la prensa previo a la sesión de gabinete, en Carondelet.

Sobre cómo afecta la orden de prisión preventiva contra el Vicepresidente en su cargo, Carvajal señaló que “la justicia habrá tenido elementos muy fuertes para determinar aquello; nosotros analizaremos las medidas que correspondan porque es una situación, que ustedes comprenderán, peculiar”.

Recalcó que si bien el país tiene un Vicepresidente electo, este no tiene funciones “pero en este momento, al dictarse la medida de prisión preventiva debemos analizar las consecuencias legales que eso puede tener. Hemos dicho que apostamos por un país con transparencia y equidad”.         

Puntualizó que el Gobierno apuesta por “organismos de justicia con autonomía y con toda la vía libre para que puedan actuar en correspondencia con sus funciones y competencias. Hemos insistido en que se respete el debido proceso”. (I)