La audiencia de juzgamiento contra Ángel Leonel Ch.N., procesado por la presunta violación y contagio de VIH a un niño del instituto pedagógico superior Rita Lecumberri, fue suspendida por su ausencia.

La diligencia fue instalada por los miembros del Tribunal Penal, Edwin Logroño, César Mina y Carlos Muñoz, a las 16:00, como estaba previsto, con la presencia de la fiscal del caso, Margarita Neira, los padres del pequeño y sus abogados defensores, Pedro Granja y Abdalá Bucaram Pulley.

Sin embargo, el sospechoso, 15 minutos antes de la hora señalada, presentó un certificado médico en la ventanilla de recepción de escritos de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. “Esto es una burla para la actividad judicial”, manifestó Granja, quien lamentó que ciertos abogados se presten para la defensa de pederastas.

Bucaram anunció que mañana se realizará una audiencia para revisar las medidas alternativas que el juez decidió otorgar al procesado (presentación cada 15 días ante el juez y prohibición de salir del país).

Los progenitores de la víctima pidieron la máxima pena para el acusado y solicitaron ayuda para los gastos médicos que demanda la enfermedad que padece. “Necesita suplementos alimenticios y medicinas retrovirales”, dijo la madre.

Antecedentes

Los ultrajes sexuales contra el niño habrían ocurrido desde abril de 2014, en los baños del instituto pedagógico de Guayaquil. Así lo señalan Granja y Bucaram Pulley.

En la audiencia de formulación de cargos, realizada el 6 de diciembre de 2016, el padre del niño cuenta que el 15 de julio de 2015 lo trasladó de urgencia al hospital Roberto Gilbert, donde le detectaron un cuadro de neumonía y horas después la presencia del virus del VIH.

El mismo día, los galenos determinaron que el niño presentaba fisuras en su parte anal y durante una entrevista con el psicólogo de la casa de salud, el pequeño confesó que había sido violado en los baños del instituto pedagógico por el chofer del expreso escolar y que no dijo nada por temor de que su papá lo castigara.

Ante la evidencia de un delito, el pequeño fue llevado a la Policía, donde el perito médico legal lo examinó y confirmó el ultraje. Luego, en su informe, el investigador detalla que “el niño refiere que ese señor le bajó los pantalones,” lo violó, y “lo amenazó que no le avisara a nadie”.

El informe psicológico del 6 de agosto del mismo año, menciona que el relato del niño, claro y comprensible, “evidencia la existencia de signos y síntomas que son compatibles con personas que experimentan violencia sexual”.

Ante la psicóloga el menor ratifica que el chofer del instituto lo siguió al baño y cuando se dio cuenta estaba atrás de él y lo sujetó para violarlo, le tapó la boca. En la audiencia de formulación de cargos, la defensa legal del sospechoso, revela que padece de VIH desde 2008.

Con todos estos indicios, la jueza Yesenia Hidalgo resuelve el inicio de la instrucción fiscal contra el sospechoso por el delito de violación, pero a pedido del fiscal Rómulo Sevilla sustituye la prisión preventiva y ordena que se presente cada 15 días a su despacho y prohíbe su salida del país, basándose en la enfermedad catastrófica que padece.

Casi 5 meses después, el 8 de mayo de este año, la jueza Hidalgo, durante la audiencia preparatoria de juicio, acoge el dictamen fiscal y resuelve llamar a juicio al procesado Ángel Ch., de 62 años. (I)

 Otro maestro fue vinculado al caso ‘Aguirre Abad’

La jueza Fabiola Vega dio paso a la vinculación del profesor de educación física Egry M., en la instrucción fiscal por los supuestos abusos sexuales contra los estudiantes de la  Unidad Educativa réplica Aguirre Abad. Durante la audiencia de vinculación y formulación de cargos, solicitada por el fiscal César Peña, la jueza ordenó también la prisión preventiva del imputado que figura en la lista de los antisociales más buscados del país. El docente prófugo se convierte así en el cuarto procesado por el supuesto delito de violación.

“Desde este momento, oficialmente, la Policía tiene la orden de buscar y detener al procesado. Además, recordemos que el Ministerio del Interior ofrece $ 10.000 de recompensa a quien brinde información que conlleve a la localización y captura del sospechoso”, manifestó Steven Reyes, uno de los abogados defensores de las víctimas.

Dentro de este caso permanecen detenidos Bryan M., Juan M. y Nery C.B. La investigación contra los dos últimos la sigue otro fiscal. (I)