Con la Constitución de Montecristi de 2008 nació la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en lugar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se redujo de 31 a 21 el número de jueces, quienes son parte de seis salas especializadas y no 10, como era antes. Además, el período de funciones fue fijado en nueve años, no hay reelección y se dispuso la renovación por tercio cada tres años.

Bajo esta normativa y luego de un período de transición, el 26 de enero de 2012 se posesionaron los jueces de la CNJ.

Los 21 integrantes fueron seleccionados mediante concurso de méritos y oposición, organizado por el Consejo de la Judicatura (CJ), que a partir de ese año también asumía la facultad de designar a estos magistrados.

Históricamente, la forma de elegir y designar a estos jueces, sea de la CSJ, Corte Superior (como se llamó en un tiempo) o CNJ, fue a través del Ejecutivo, el Legislativo o en conjunto.

El expresidente de la CSJ, Gustavo Medina, considera que con el cambio para que sea el CJ el que designe a los miembros de la CNJ no se ha ganado mayor cosa. Esto porque, dijo, continúa la influencia del Ejecutivo, Legislativo o grupos de poder.

El CJ que designó a los jueces de la CNJ de 2012 estuvo integrado por Paulo Rodríguez, Tania Arias (afines al régimen anterior) y Fernando Yávar (hoy abogado del excanciller Ricardo Patiño).

Entre los 21 magistrados se encontraban Carmen Salgado, madre del exministro del Interior, José Serrano; Ximena Vintimilla, quien trabajó con el exministro Gustavo Jalkh; Álvaro Ojeda, que laboró en el Ministerio de Industrias.

Además, Wilson Andino, hermano del exasambleísta de Alianza PAIS, Mauro Andino; Paúl Íñiguez, que trabajó con Alberto Acosta en la Asamblea Constituyente y luego con Fernando Cordero.

Así también Lucy Blacio, quien después fue viceministra de Justicia. Todos en el gobierno anterior y hubo jueces que eran considerados afines a la Revolución Ciudadana.

Las renovaciones

Conforme el artículo 182 de la Constitución, la CNJ tiene que ser renovada cada tres años y esto se cumplió en 2015 y 2018.

A un año y nueve meses de que se realizara la tercera renovación, solamente cinco de los 21 jueces posesionados en 2012 siguen en funciones, ellos tendrán que dejar sus puestos.

Los magistrados fueron cambiados con base en una evaluación que realizó el CJ. Los que tenían menor puntaje salieron en grupos de siete, explicó en su momento el exdirector del organismo, Tomás Alvear.

El abogado Emiliano Donoso dijo en declaraciones anteriores no tener confianza en que el último haya sido un procedimiento donde los mejores jueces estén en el cargo. Sin embargo, reconoció que “hay gente valiosa” de la que se reserva sus nombres.

Entre los que han pasado en estos últimos siete años como jueces de la CNJ se encuentran algunos que han sido cuestionados.

En octubre pasado, Zobeida Aragundi, vocal del CJ de transición, junto a dirigentes del Colectivo Víctimas del 30-S, presentó en la Fiscalía documentación sobre 51 casos con 715 procesados relacionados al tema de la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S).

Dijo que hay indicios de irregularidades judiciales, por lo que en la denuncia pidió a la Fiscalía se investigue a 200 jueces y 42 fiscales que conocieron las causas.

Entre los cuestionados aparece el actual juez de la CNJ, Miguel Jurado, quien cuando fue fiscal, en 2011, acusó al coronel Rolando Tapia y a otros 10 policías por los hechos del 30-S.

Luis Enríquez también fue parte de la Fiscalía de Pichincha y como tal acusó al coronel César Carrión y tres policías por el 30-S.
Pero también hay magistrados que trabajaron con autoridades del régimen anterior, entre ellos Pablo Tinajero, Cynthia Guerrero, Ana María Crespo, José Luis Terán, entre otros.

Marcelo Merlo, presidente del CJ transitorio, indicó en enero que el informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia que se creó en su administración reveló que 13 jueces de la CNJ cometieron arbitrariedades.

Actuales jueces serán evaluados

El 24 de febrero pasado la presidenta del nuevo CJ, María del Carmen Maldonado, anunció el inicio de un proceso de evaluación a los jueces de la CNJ, que culminaría en cuatro meses.

El miércoles 24 de abril el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a los cinco miembros que conformarán la veeduría ciudadana de este proceso. (I)