Con la finalidad de detallar el número de expedientes y la logística de trabajo, los tres jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil se reunirán con los tres directores de los centros de privación de libertad de la provincia de Guayas.

La reunión de trabajo está prevista para este miércoles 9 de octubre de 2019, a las 10:30, en el complejo Judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil.

“Daremos celeridad en los casos de prelibertad y régimen semiabierto”, indicó este lunes en su despacho el doctor Oswaldo Dávila, juez de Garantías Penitenciarias.

Explicó que hay privados de la libertad que fueron sentenciados con el derogado Código Penal, y a ellos corresponde la prelibertad. “El principal requisito es haber cumplido el 40% de la pena”.

Mientras que los presos que fueron condenados a partir de 2014 con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se acogerán al régimen semiabierto. “Serán beneficiados los que hayan cumplido el 60% de la pena”.

Dávila junto a los jueces Édgar Ojeda Jiménez y José Luis Jiménez Vilema darán prioridad a los aproximadamente 14.000 expedientes en materia penitenciaria, “aunque no es la cifra oficial”.

“Esto tiene relación con el control de la pena, control de la suspensión condicional de la pena, así como una serie de situaciones que están inmiscuidas en las garantías penitenciarias”, sostuvo el juez, que en la reunión establecerá las visitas que se efectuarán a los centros de rehabilitación social de Guayaquil.

También aseguró que ellos pueden suspender la condena y dictar medidas sustitutivas a favor de los presos que cumplan condenas que no superen los cinco años de prisión. En caso de incumplirlas se tomarán otras medidas

El 3 de septiembre, el Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó la creación de cuatro unidades judiciales de Garantías Penitenciarias en Latacunga (Cotopaxi), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y Portoviejo (Manabí). Para ello operarán ocho jueces que conocerán causas de 25.884 privados de la libertad.

Presos piden revisar pena

Unas 3.500 personas privadas de la libertad han presentado sus documentos para que sean revisadas sus penas por los jueces de garantías penitenciarias, aseguró el general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Además se iniciaron los trámites para reducir la población carcelaria y así terminar con el hacinamiento, uno de los problemas más severos de la crisis penitenciaria.

Estas unidades ayudarán a judicializar cada una de las acciones de los internos y a respetar sus derechos, siempre y cuando se basen en normas de buena conducta, dijo el funcionario.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, recordó que esta materialización de los jueces de Garantías Penitenciarias se esperó durante 11 años, desde la Constitución de 2008 e incluso desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en 2014. “Han sido 11 años en que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con esta disposición tan importante”, reiteró.

Con la entrega de estas unidades se cumple con el COIP, que en su artículo 666, dispone la existencia de jueces en donde exista un centro de privación de libertad. Estimó que la población beneficiaria es de 15 mil reclusos en Guayas; en Cotopaxi hay 5.000; en Manabí, 1.700; en Azuay, 2.000, entre otros.

Maribel Barreno, vocal del CJ, explicó que los jueces de Garantías Penitenciarias no tienen la capacidad de modificar las penas. Ellos tienen la obligación de respaldar y sustanciar todo lo relacionado con los derechos de los privados de la libertad en el cumplimiento de la pena, explicó. (I)