La falta de protocolos, coordinación interinstitucional y  articulación entre defensores públicos, fiscales y jueces son el principal obstáculo para una adecuada sanción en los casos de abuso sexual dentro del sistema educativo.

Esa fue una de las conclusiones que se desprendieron del Informe sobre el Control Político a las instituciones de la Función Judicial para combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes en planteles escolares.

El documento, estructurado por la Comisión Especializada Ocasional Aampetra, presidida por Silvia Salgado, fue aprobado este lunes por unanimidad.

Se trató de un informe que analizó el trabajo desempeñado por las entidades de justicia: Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.

En ese orden se analizó la información presentada por la Judicatura que reveló la existencia de 4.864 denuncias sobre delitos sexuales en general (entre 2015 y 2017).

De esos números, Fiscalía judicializó 2.264 causas que constituyen el 47% de las denuncias presentadas y se resolvieron 1.653 casos, lo que equivale al 63%.

En cuanto a los casos específicos de agresiones sexuales en el sistema escolar, se conoció que entre 2015 y 2017 hubo 714 causas.

De ellas, el 77% fue por agresiones de personas del ámbito educativo (profesores, autoridades o personal del plantel), mientras que el 33% por victimarios externos (amigos, enamorados, familiares, etc.) y denunciados por el establecimiento.

Con esas cifras, los miembros de la comisión coincidieron en que hay falencias en la etapa preprocesal por la Fiscalía lo que influye en una baja judicialización de casos.

Además señaló que el Consejo de la Judicatura debería investigar las razones por el archivo de los casos y ejercer el control disciplinario.  

En segundo lugar se detallaron los datos de la Fiscalía General. Según el organismo, de esos 714 casos, en 2015 hubo 296 denuncias, 220 en 2016, mientras que en 2017 se presentaron 198.

La entidad también dio cuenta de que hay alto número de archivo de los casos. Por ello, se recomendó buscar acciones correctivas y así garantizar la celeridad en el trabajo de los fiscales.

La comisión aconsejó además crear protocolos específicos de investigación, fiscalías especializadas y fortalecer las unidades de la Niñez.

Sobre la Defensoría Pública, la entidad brindó asesoría legal a 40 casos y patrocinó la defensa en cuatro causas. También hubo una mínima actuación frente a estos procesos, indica el informe.  

Como recomendación los miembros de la comitiva señalaron que se deben promover los ámbitos de competencias para hacer efectivo el patrocinio legal.

La Defensoría también evidenció una falta de protocolos para atender estos casos en coordinación con el Ministerio de Educación.

Silvia Salgado, presidenta de la comisión, indicó que desde este informe se exigirá a las instituciones la unificación de protocolos para que haya una actuación e intervención inmediata.  

La asambleísta recordó que sí hay progreso en la sanción de esos casos. De ahí que se logró la sentencia de 22 años para el exprofesor de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), quien fue responsable de otras agresiones sexuales en el plantel. (I)

Detalles
Los procesos desarrollados
De los 714 casos de agresiones en el sistema escolar, el 31% inició un proceso penal ordinario, de los cuales el 6% estaba en instrucción fiscal, el 2% en evaluación y preparatoria de juicio, el 8% se mantenía en la etapa de juicio y el 15% fue resuelto.

61 por ciento de las agresiones es causada por personal del plantel (docentes o autoridades).

En 24% hubo sentencias
Según el Consejo de la Judicatura, el 24% de casos por abuso en planteles tuvo sentencia. La apelación no llega a 1%. (I)