Denuncian sobreprecio en construcción de complejos judiciales
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura en transición, solicitó a la Contraloría investigar posibles irregularidades en la construcción de edificios judiciales durante el periodo 2011-2013.
José Cisneros, coordinador estratégico del CJ, indicó que el examen determinó irregularidades en contratos de consultoría y diseño, etapas de fiscalización de las obras y adjudicación de proyectos para grupos que mantenían nexos familiares con exautoridades de la institución.
"La mayoría de problemas detectados en la ejecución de obras surgieron a partir de la declaratoria de emergencia de la función judicial (mayo 2011). Entre 2011 y 2013, se gastaron aproximadamente $ 304 millones", apuntó Cisneros.
El estudio evidencia, por ejemplo, excedente del 51% en el precio con respecto al monto real de construcción del Complejo Judicial Guayaquil Norte; del 28% en el de Quito; del 72% en el de Latacunga; y el de Otavalo con un 58%. "La Fiscalía debe investigar a fondo estos temas", señaló Cisneros.
En la rueda de prensa, las autoridades informaron que dentro de las obras de emergencia judicial, 5 primos del expresidente de la Judicatura en transición, Paulo Rodríguez Molina (2011-2013), figuraron como superintendentes de obra y personal técnico de la empresa C&C Constructores que, a un costo de $ 20,8 millones, remodeló la Corte Provincial de Guayaquil.
"Este estudio evidencia, por ejemplo, que los Complejos Judiciales Quito Norte, Guayaquil Norte, Otavalo y Latacunga registraron un excedente de entre 28% y 72% en los costos de construcción. @FiscaliaEcuador debe investigar a fondo estos temas", indica #JoséCisneros pic.twitter.com/Rs3pG7SZtH
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) September 26, 2018
También, indicaron, se realizó un análisis de 66 unidades judiciales, considerando el área de construcción y el número de funcionarios que las ocupan. El estudio reveló que 43 de ellas están sobredimensionadas. "No se consideraron las necesidades reales de cada cantón, se desperdiciaron recursos", dijo Cisneros.
Marcelo Merlo añadió que "era imposible realizar una consultoría para la edificación de una unidad judicial en menos de 15 días. Se necesitaba analizar sobre qué terreno se va a construir, solicitar la aprobación de planos, etc. Se usaron y malgastaron los recursos del pueblo ecuatoriano".
El fiscal general Paúl Pérez manifestó que "una vez recibida la información, lo que corresponde es dar inicio a un proceso de investigación". El trabajo será coordinado con la Contraloría General del Estado. (I)
