Una vez que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado por la Asamblea Nacional, sea publicado en el Registro Oficial correrán los 180 días de plazo para que entre en vigencia.

En los seis meses el Consejo de la Judicatura dará las capacitaciones a los operadores judiciales en el país, que estarán a cargo de la Escuela de la Función Judicial, que ya ha diseñado los módulos de estudio.

Los primeros que asistirán a las socializaciones serán los 1.638 jueces que laboran en el país, aprovechando la vacancia judicial que se iniciará, con el objeto de que todos los magistrados puedan conocer la nueva normativa profundamente.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señaló que la formación en los aspectos legales debe contemplar lo que se denomina en doctrina “los trabajos preparatorios, es decir, todos los borradores de los diferentes proyectos, cómo fueron evolucionando y en qué sentido”.

Para temas específicos como el caso de los artículos de la mala práctica profesional, “incluso las reuniones que se han mantenido con los diferentes sectores de la salud, son insumos de trabajo, lo que significa la formación en la correcta interpretación de la norma”, explicó el funcionario.

El director de la escuela judicial, Tomás Alvear, indicó que ya han diseñado los cursos sobre el COIP, que serán impartidos a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio que deseen asistir a las capacitaciones.

Los módulos se han preparado de acuerdo con el contenido general del Código, cómo se constituyeron los articulados a través de elementos objetivos para el conocimiento específico y profundo sobre el sentido de la norma y de esta manera poder entenderla sin dejar elementos para la duda.

Las capacitaciones se dictarán dentro de los 6 meses de la vacancia judicial con un cronograma que ya se ha definido.

El trabajo se realizará en modalidades semipresenciales y virtuales con la rendición de pruebas prácticas, escritas y orales que, además, servirán para el ascenso en la carrera judicial.

El ministro del Interior, José Serrano, también firmó un convenio con la Judicatura para que los profesores de la Escuela de la Función Judicial capaciten a alrededor de 8.000 miembros que laboran en el área de la Policía Judicial.

El COIP establece graves sanciones, la máxima es 30 años de prisión por delitos de genocidio, persecución, exterminio, lesa humanidad, que serán analizadas por los operadores de justicia del país.