Luego de que el viernes de la semana pasada el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Narcisa Pacheco, Patricio Vaca y Javier Barriga, levantó la prisión preventiva que pesaba desde el 12 de septiembre de este año contra el empresario cuencano Juan Pablo E., este retornó al país.

Además, cumplió la disposición de los jueces, de que en lugar de la prisión se presente cada 15 días ante la fiscal Diana Salazar y use un dispositivo electrónico, como medida para garantizar su presencia en el proceso en el que está involucrado por supuesta captación ilegal de dinero a través de la entidad financiera internacional Sai Bank, investigación relacionada con la red de corrupción de Odebrecht.

Pese al hermetismo y reserva que se guarda sobre el tema, fuentes de la Fiscalía confirmaron, que el jueves en la tarde el empresario acudió a la Unidad de Flagrancia, en Quito, en donde se le colocó el dispositivo electrónico y ayer en la mañana se presentó ante la Fiscal del caso, pero en la tarde no llegó a rendir su versión libre y voluntaria.

Tanto autoridades de la Fiscalía como la defensa de Juan Pablo E. evitaron dar declaraciones del tema.

Durante la audiencia de apelación, realizada del pasado viernes 20 de octubre, la fiscal Diana Salazar indicó que la investigación “permitió confirmar que se utilizaba el Sai Bank para captar dinero en Ecuador, y que se habrían efectuado movimientos de $ 159 millones aproximadamente”.

Juan Pablo Torres, abogado del procesado, indicó el mismo día en un comunicado que se “han desvirtuado todos los cargos que se le imputaron inicialmente, y que motivaron de manera apresurada una desproporcionada medida cautelar de prisión preventiva en su contra”.  

Diferida audiencia por concusión

Dentro del mismo caso Odebrecht, la ausencia del abogado de John P. a la audiencia de vinculación en el proceso por el presunto delito de concusión, que debía realizarse ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), obligó al juez Luis Enríquez a suspender la diligencia y definirla para el próximo martes a las 09:00. Además de

John P., a esta audiencia están convocados los empresarios Mauricio N. y Estéfano I.

Contra estas tres personas la Fiscalía solicitó la vinculación, pues existirían elementos de convicción que los relacionan con el delito investigado. Desde el 7 de agosto pasado el único procesado en esta causa es el excontralor Carlos P.

Según la Fiscalía, el exfuncionario habría recibido $ 10,1 millones,  supuestamente, por desvanecer glosas relacionadas a Odebrecht con el proyecto hidroeléctrico San Francisco y emitir informes favorables en cinco proyectos estratégicos en los que participaba la constructora brasileña.

Pablo Almeida, abogado defensor de John P., hijo del excontralor Carlos P., había pedido el diferimiento de la audiencia de ayer, alegando que tiene otra en la ciudad del Coca.

El juez Luis Enríquez advirtió que la audiencia convocada para el próximo martes se realizará con o sin la defensa particular de los sospechosos y que para ello se convocará a la Defensoría Pública.

Baca viajará mañana a Panamá

Al salir de la CNJ de la audiencia fallida, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, confirmó que mañana viajará a Panamá para el lunes, con otros representantes de las fiscalías de países de América Latina, recibir información de la Fiscalía de Suiza sobre el caso de corrupción de Odebrecht.

Tras señalar que durante su visita tiene programados encuentros bilaterales con la procuradora panameña, Kenia Porcell, y su homólogo de la Confederación Suiza, Michael Lauber, dijo que las citas “tienen como objetivo recabar más información que contribuirá a las investigaciones que la institución realiza”.

Con esta oportunidad el Fiscal investigará datos del sistema informático My Web Day, sobre montos, transferencias, obras, incluso nombres de funcionarios públicos que pueden haber sido sobornados por la firma brasileña.

La Fiscalía suiza analizó meses atrás un software que contenía aproximadamente dos millones de documentos, entre facturas, contratos, correos electrónicos y órdenes de pago, emitidos por la empresa Odebrecht. (I)