A la millonaria inversión en la compra del helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito la abruman al menos ocho problemas y presuntas irregularidades que han hecho necesaria la intervención de la Contraloría General y del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

De las supuestas irregularidades dan cuenta el examen especial de la Contraloría del Estado y otras observaciones y documentos a los que tuvieron acceso los medios públicos.

Las anomalías tienen que ver con la falta de un estudio de mercado actualizado al momento de la adquisición de la aeronave; posible sobreprecio; conflicto de intereses; los componentes de la nave no cumplían las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia y ahora ya no tienen garantía.

Además el supuesto helicóptero importado ya estuvo operando en el país; los números de serie de los motores no corresponden a los citados en el documento de entrega; la compañía extranjera que presentó la oferta y ganó tenía subarrendada la aeronave a la otra empresa ofertante; y no se habría tomado en cuenta la Ley de Contratación Pública y una convocatoria competitiva.

Helicóptero y posible sobreprecio
La nave del Cuerpo de Bomberos fue presentada oficialmente en marzo de 2017, para atender emergencias de diferentes tipos en la capital. Pero un año después de su puesta en operación, la Contraloría, en un informe de 59 páginas, dio a conocer que el helicóptero adquirido en $ 2‘000.000 presenta anomalías en su proceso de adquisición.

La nave AgustaWestland, modelo 109 k2 bimotor, es de fabricación estadounidense bajo licencia de la marca italiana. Su año de fabricación es 1995 y operó en Europa hasta octubre de 2011. Según los bomberos, el helicóptero lo trajeron de Estados Unidos y fue la mejor opción de compra, lo que es observado por Contraloría, de manera especial por un posible sobreprecio.

Éber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, rechazó aquello. Aseguró que el ente de control cometió un error al comparar los valores referenciales entre el costo del alquiler de $ 300.000 registrado entre empresas privadas y el de compra-venta presentados en los documentos de importación de la nave (del 11 de diciembre de 2015 al 21 noviembre de 2016) por $2’000.000, resultando una diferencia de $ 1’700.000 en el precio final.

“Asumo que el señor auditor cogió y dijo esto es una compra y venta, cuando uno es por arrendamiento, un acto entre terceros efectuado en 2015, no con el Cuerpo de Bomberos, mientras que nuestra actividad nace en 2016”, indicó Arroyo.

Convocatoria ilegible, salida y entrada de la nave y proformas
En el informe de Contraloría se menciona que tras el requerimiento de los bomberos para mejorar el combate a los incendios forestales y reducir los tiempos de atención en el traslado de heridos ante una emergencia, se iniciaron los trámites de adquisición de la aeronave, para lo cual se empezó un proceso de compra en el exterior.

Para ello se realizó una pequeña publicación en un periódico local de Miami, a la cual se presentaron dos proformas: una por $2’000.000 de la empresa Aeromaster S.A LLC de la Florida y otra por $ 2’560.000 de la empresa Aeroleasing Corp. de Oklahoma, ambas de EE.UU. De estas dos propuestas, se optó por la de menor precio.

Contraloría determinó que ambas proformas corresponden al mismo helicóptero, pues Aeromaster S.A. de EE.UU. arrendaba dicha nave a Aerolising Corp., también de EE.UU.

A su vez, Aerolising Corp. dio en arrendamiento mercantil a Aeromaster Airways, empresa establecida en Ecuador. Por consiguiente, la nave estuvo en Ecuador un año antes de ser vendida a los bomberos.

Para poder venderla, sacó la nave de Ecuador para importarla nuevamente por el valor proformado, con incremento.

El proceso inobservó la ley
El contrato y las condiciones en que se dio la transacción para adquirir el helicóptero no se conocieron por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública, sino tiempo después. Así lo confirmó la directora del Sercop, Silvana Vallejo, quien cree que se incumplió con la ley.

“Al ser una licitación internacional, ellos (bomberos) tenían la obligación de publicar el proceso, cómo se dio y publicar el contrato (en el portal de compras públicas)”. No obstante, el Cuerpo de Bomberos de Quito hace el proceso, pero no se publica en el portal oficial, por lo tanto, el Sercop no conoce estos términos.

En julio de 2017, Sercop encuentra este proceso en un estado adjudicado, sin embargo, en los reportes se ve que el contrato se firmó en noviembre de 2016, cuando la ley especifica que, para un proceso de compra en el exterior, se debe garantizar una convocatoria competitiva.

“El Cuerpo de Bomberos tiene que justificar que el proceso lo hizo de una manera amplia, con estudios de mercado, que es lo que manda la Ley de Contratación Pública y que permitió la concurrencia de varios proveedores”.

El informe de Contraloría cita que la compra se hizo sin análisis de mercado para conocer el precio y que los estudios que fueron parte del proceso no se actualizaron.

Componentes y garantía
Según el ente de control, 14 elementos del helicóptero no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas en los términos de referencia, entre ellos, que sus componentes tengan suficiente remanente de horas de funcionamiento para poder operar al menos dos años, a razón de 50 horas mensuales.

Pero Arroyo indicó que estos componentes tienen garantía extendida y no comprometen el funcionamiento de la nave.
“La empresa que nos vende nos dice: ‘Ocupen esas piezas que no cumplen y tomen sus piezas nuevas. ¿Por qué no las cambio?, porque les va a costar desarmar el helicóptero, cambiar las piezas y volver a armar’, además que nos dan una garantía extendida por ellas”.   

Sin embargo, según el contrato, Aeromaster otorgó garantía solo de un año o 400 horas de vuelo en la célula del helicóptero y partes dinámicas, lo que representa tres veces menos a lo establecido en los términos de referencia elaborados para la compra del aparato, que estipulaba que debe ser de 1.200 horas. Al cumplirse un año desde que entró a operar, hoy la nave no tiene dicha garantía.

La serie de motores no coincide
Contraloría descubrió que los números de serie de los motores no correspondían a los citados en el documento de entrega de la nave. Eso implica que fueron cambiados porque les quedaba poca vida útil antes de su reparación o repotenciación.

“Al momento de la suscripción del acta entrega-recepción, la aeronave en mención tuvo dos plantas motrices (motores): Motor N° 1, Turbomeca ARR IEL 1K1 , serie 16059 y Motor N° 2, Turbomeca ARRIEL 1k1, serie 16055”, dice el informe.

Añade que no fue posible realizar el chequeo técnico ni registro de los log book de motores en vista que se encontraban en un chequeo de mantenimiento por tiempo calendario. A la vez, se constató que los motores instalados en la aeronave... “al momento de la revisión técnica son: Motor N°1, Turbomeca ARRIEL 1K1, serie 16031 y Motor N°2, Turbomeca ARRIEL 1k1, serie 16032”.

Los medios públicos solicitaron información en este sentido a la Dirección de Aviación Civil, pero no hubo respuesta.

Presunto conflicto de intereses
El ente de control señala que existiría un conflicto de intereses en este proceso. El actual director de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Valencia, trabajó como gerente general de Aeromaster Airways S.A., subsidiaria de Aeromaster LLC de Miami, que vendió la aeronave.

Según Contraloría, Valencia elaboró y suscribió el informe que recomienda la compra del helicóptero; fue miembro para las comisiones técnicas que elaboraron los requisitos mínimos de la nave a comprar; administrador del contrato; miembro de la comisión de recepción; y suscribió el acta de entrega-recepción.

Entre los requisitos se estableció que el plazo de entrega sería de 15 días, con lo cual pocos proveedores podían cumplir con ese y otros requisitos, más aún cuando el helicóptero ya estaba en el país, pero que al momento de la transacción no podía ser comercializado.

Además, se dio, pese a que Aerolising Corp., que dio la nave en arrendamiento a Aeromaster de Ecuador, está inactiva y en proceso de disolución desde 2014, según consta en los registros de la página del índice oficial de entidades comerciales y de actividades comerciales del estado de la Florida.

Esta empresa en liquidación presentó una oferta para participar en el concurso internacional con la misma nave que rentaba a Aeromaster, cuya representante es Romina Damone, hija de Domingo Roberto Damone Abbruzzese, empresario argentino-ecuatoriano, quien en septiembre de 2013 admitió a EL TELÉGRAFO ser aportante de la campaña del exconcejal Antonio Ricaurte y después de Mauricio Rodas, actual alcalde de Quito. (I)

Éber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, negó un posible sobreprecio en la compra y dijo que la Contraloría comete un error al comparar valores.