Movimientos de dinero sin justificar y el intento de sacar del país $104.490 sin declararlos, llevaron a las autoridades de justicia a declarar la prohibición de salida y la correspondiente investigación por presunto lavado de activos en  contra de Diego Fernando Ordóñez, concejal alterno de Quito.

Según el documento de la audiencia de flagrancia,  Ordóñez era concejal alterno de Fabricio Villamar -electo por el movimiento Concertación Nacional- y  los 104.490 dólares que intentaba sacar del país hacia Miami (Estados Unidos) estaban destinados para cancelar una deuda que mantenía con una empresa extranjera.

En su declaración, Ordóñez asegura haber sido proveedor de equipos tecnológicos para la Función Judicial. Agrega que en días pasados recibió un cheque del Banco Central por $ 105.000, que fue cambiado en el Banco Internacional unos días antes del viaje, previsto para el pasado 26 de marzo en vuelo de American Airlines 932 de las 06:30.

Una llamada anónima al 1800 DROGAS alertó del viaje de Ordóñez y su esposa, María Fernanda Chiriboga, y del presunto hecho ilícito. Las autoridades se contactaron con la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía y se procedió a la   detención de los esposos Ordóñez Chiriboga.

En su declaración, Fernanda Chiriboga dijo que no tiene nada que ver con los negocios de su esposo, que ella se dedica a labores domésticas y que tienen una hija.  

Según la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), desde el 2009, año en que Ordóñez comenzó sus funciones como concejal suplente, declaró un total de $1.259,02.

En los dos años siguientes 2010-2011, declaró $187,87 y $891,77 respectivamente. Del 2005 al 2012 declaró en cero sus impuestos por relación de dependencia con las empresas Cosideco y Petróleos de los Shyris. Mientras que de 2003 al 2008 declaró en cero por no percibir ingresos superiores a los mil dólares, acogiéndose a lo que establece la ley.

Además, según las autoridades, desde el 2009 Ordóñez habría sacado del país 570 mil dólares sin pagar impuestos. El concejal alterno y su esposa fueron puestos en libertad, pero deberán presentarse semanalmente ante un juez y no pueden salir del país. La audiencia preparatoria de juicio se fijó para el 30 de abril.

Durante la instrucción fiscal, que durará 30 días, se investigarán los movimientos migratorios de Ordóñez, mientras que el dinero incautado ingresó en cadena de custodia.

Hasta tanto, debido a que en el Municipio de Quito no existe un Código de Ética para los funcionarios, Ordóñez podrá continuar en su puesto de concejal alterno y en caso de que Villamar se ausente  de sus funciones por algún motivo, él seguirá  reemplazándolo.

El Concejo solo podrá actuar si existe una sentencia ejecutoriada que compruebe la existencia del delito de lavado de activos.

De su parte el concejal Villamar, quien trabaja en las comisiones de Cultura, Educación, Deporte y Ordenamiento Territorial, dijo que lo que Ordóñez haga en su vida privada no le compete y afirmó que el Municipio no intervendrá mientras no culminen las investigaciones.