Sandra tiene dos preguntas que le martillan la cabeza desde el 11 de enero de 2019. Ese día, 18 jóvenes, entre ellos su hijo, murieron en un incendio en una clínica para adictos en Guayaquil.

¿Por qué no les abrieron la puerta? y ¿qué hacía mi hijo en esa habitación a la que llamaban “lagartera”?, se cuestiona Sandra cada vez que despierta y recuerda que su vástago, de 22 años, ya no está con ella.

La progenitora cree que no conseguirá respuestas, pero espera por una justicia que no ha llegado en 10 meses. Por este caso hay dos personas privadas de la libertad: Orlin B. y Leandro A., el dueño de la clínica y el supuesto “llavero” (encargado de las llaves), respectivamente.

Hay otros cinco vinculados al proceso, entre los que constan funcionarios del Ministerio de Salud Pública, quienes cumplen medidas sustitutivas a la prisión. Así lo precisó el fiscal Franklin Flores Catuto, encargado de la investigación.

Los procesados comparecerán el 22 de noviembre de 2019 a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de homicidio.

El funcionario explicó que esta es la segunda vez que se hará la diligencia, ya que lo realizado en la primera (hace seis meses) fue declarado nulo.

En esa ocasión, el juez Israel López sobreseyó a quienes supuestamente inspeccionaron y otorgaron los permisos a la clínica, pese a que no cumplía con los requisitos. Cuando ocurrió el incendio, esos permisos estaban caducados.

“Esa clínica nunca debió funcionar. Eran tres pisos, no había salida de emergencia. No cumplía con lo documental ni infraestructura, y eso no cambió de un año a otro”, enfatizó el fiscal.

Durante los seis meses anteriores, también se resolvió un recurso de hecho interpuesto por la defensa de los procesados. Finalmente, el expediente fue devuelto a Fiscalía el 7 de noviembre de 2019.

Donovan, el hijo de Sandra, tenía tres meses internado. Cada 30 días la mujer cancelaba $ 150 y cada 10 días llevaba alimentos al sitio. Ella reveló que no conocía las instalaciones, ni había escuchado que existía una “lagartera” (cuarto donde ponían a los que pasaban por la abstinencia), ya que el paso era prohibido.

Solo estaban en dos áreas cercanas a la puerta principal: una sala con personal administrativo y otra más amplia donde se hacían reuniones grupales. “No los mataron, pero los dejaron morir en esa clínica... Si hubiera sabido que lo tenían encerrado, mejor lo tenía confinado yo”, expresó la madre, quien reconoció que llegó a encadenar a su hijo para que no consumiera.

José Felipe Ortiz también perdió a un hijo en el incendio. Era Arlington, de 27 años, un padre de cuatro hijos menores de edad y quien trabajaba como comerciante. “Tengo temor de que el caso quede impune y que los culpables regresen a las calles cuando se cumpla el año. Ha sido todo muy lento”. Arlington tenía apenas seis días en el lugar al que ingresó de forma voluntaria.

José Felipe pensó que luego de la muerte de 18 chicos un caso así no se repetiría; sin embargo, revivió el dolor en octubre cuando otros 10 muchachos perdieron la vida en un hecho similar, en el sur de Guayaquil. (I)