Vicente Robalino, juez de la Corte Nacional de Justicia, desestimó hoy el pedido de prisión preventiva en contra de David R, y 4 procesados, como lo solicitó la fiscal subrogante, Cecilia Armas, durante la audiencia de formulación de cargos, iniciada hoy en la tarde.

David R, es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y los demás son miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE-Imbabura).

A ellos se los acusa por el delito de ataque o resistencia a los agentes de la fuerza pública, tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (Coip). La instrucción fiscal durará 30 días.

El hecho habría ocurrido en la tarde de ayer, al supuestamente impedir con violencia que agentes de la fuerza pública allanen un local del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME).

En su intervención, Cecilia Armas mencionó como antecedente que el pasado 14 de mayo, Alfredo Martínez, director del Biess de Imbabura, acudió al Fondo de Cesantía para posesionar al administrador del Fondo, diligencia que no se cumplió por la presunta oposición de los funcionarios. Ante esto, el director solicitó a la Fiscal de Imbabura, Rosa Uncuango, un acto urgente, es decir un allanamiento.

Por ello, el 18 de mayo, la fiscal Uncuango y personal policial concurrieron a las instalaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio, ubicado en el sur de la ciudad de Ibarra, para realizar el allanamiento dispuesto por el Juez de Garantías Penales de Imbabura, Francisco Chacón.

En su lugar se dictaron medidas cautelares, pues David R, tendrá que presentarse cada lunes en la Corte Nacional de Justica, en horario de las 8:00 hasta las 17:00 cada 15 días.

Los otros procesados: Jaime V, Irene O, Roberto V, y José L,  tendrán que presentarse cada 15 días, pero ante el juez de la corte provincial de Imbabura, pues ese es su lugar de residencia.

Durante la audiencia, Ramiro García, abogado de David R, argumentó que su defendido se encontraba como invitado en un evento de la UNE, al momento de los hechos, por lo que no cabría la acción de “concierto previo como lo establece el artículo 283, en el inciso 2, para el cometimiento de este delito.

De la misma manera, Ciro Guzmán, abogado de Roberto V y Jaime V, manifestó que ellos más bien fueron agredidos en el acto, y que en ningún momento ejecutaron actos de violencia, pues se desempeñan como docentes.

“En este tiempo, voy a demostrar mi inocencia, y la de mis compañeros”, manifestó David R, al salir de la audiencia.

La sanción por el delito de ataque o resistencia es de 6 meses a 2 años. (I)