Destruir la droga incautada por la Policía, la mayoría de veces es complicado como su captura, ya que, además, son necesarias medidas de seguridad extremas durante el transporte del material a los sitios que usualmente se traslada para la incineración.

ElConsejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) es la institución que por ley se encarga de recibir, embodegar y destruir la droga decomisada, “la entidad cuenta con 2 hornos con capacidad para quemar 10 kilos por hora y recientemente adquirió otros 2 de fabricación inglesa de 20 kilos por hora”, señaló Rafael Molina, director del Departamento de Planificación del Consep.

Los aparatos resultan insuficientes, ya que el año pasado la entidad destruyó más de 49,5 toneladas de estupefacientes, “por la enorme cantidad tuvimos que recurrir a empresas como cementeras o metalúrgicas, que deben tener la aprobación como gestores ambientales, ya que las leyes de protección del medio ambiente son estrictas”, indicóMolina. El funcionario explicó que las compañías ya no quieren ayudar porque muchas veces los químicos que contienen las drogas corroen los hornos o contaminan los materiales que usan en sus respectivas áreas, además los crematorios necesitan tener una capacidad de por lo menos 1.500 grados centígrados.

El coronel Mauro Vargas, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la provincia de Pichincha, explicó que para proceder a la destrucción de la droga incautada se efectúan operativos especiales que se planifican con semanas de anticipación y que cuentan con la participación de jueces y fiscales, quienes supervisan y registran la destrucción del material, “el transporte del alcaloide dependiendo de la cantidad siempre implica el riesgo de que puedan ser atacados por delincuentes que quieran recuperar la droga”.

Por este motivo, el secretario ejecutivo del Consep, Ing. RodrigoVélez, manifestó la necesidad de adquirir 2 hornos industriales con capacidad para quemar 300 kilos, lo cual, además de agilizar el proceso, posibilitará un ahorro. También, se potenciará la seguridad, ya que los aparatos industriales serían colocados en recintos militares.

Solo en lo que va del año la Policía ha incautado cerca de 30 toneladas de alcaloides, los cuales serán destruidos, “este nivel de captura hace necesario que el Consep cuente con los hornos especiales que además implican una tecnología de punta para garantizar que el medio ambiente no sea afectado”, apuntó Molina.

La entidad ya elaboró el proyecto con el Ministerio Coordinador de Seguridad, con el que firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la adquisición e implementación de los crematorios que implicaría la inversión de entre $ 4 y $ 5 millones. Así, también, definieron que uno de los centros debería ser construido en la provincia del Guayas, mientras que el otro estaría en Pichincha.

La Mesa de Justicia reunida en Santo Domingo de los Tsáchilas y en la que participaron el pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh; los ministros del Interior, José Serrano; de Justicia, Ledy Zúñiga; coordinador de Seguridad, Fernando Cordero; representantes de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, de la Defensoría del Pueblo y autoridades provinciales.

Ellos analizaron la necesidad de que el sistema de justicia cuente con hornos propios para quemar las sustancias estupefacientes que se incautan en el país, para lo cual designaron una comisión que se encargará de completar el proyecto para proceder a la compra.