Sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, queda mucho por investigar, aunque las investigaciones fiscales y el expediente judicial dan pistas.

De allí se desprende que la historia de su trágico desenlace no se inició el 26 de marzo cuando cruzaron el retén de la Marina en la vía a Mataje (Esmeraldas). Este era el último control con presencia militar y policial para ingresar a la comunidad fronteriza con Colombia, convertida en el epicentro de la violencia desatada por alias “Guacho”.

La medianoche del 11 de enero de 2018, cuando los equipos élite de la Policía de San Lorenzo, acompañados por la Fiscalía y con una orden judicial, se preparaban para ingresar a la parroquia de Mataje, los agentes conocían claramente el objetivo: detener a quienes estaban en una modesta casa de construcción mixta, color amarillo.

A las 02:00, los uniformados  atravesaron la puerta de madera y hallaron a tres hombres que ese momento dormían en medio de armas, municiones, granadas y mechas para explosivos.

Las evidencias eran contundentes -según la Policía- para oficializar el arresto del ecuatoriano Patrocinio C., de 34 años, en unión libre y con un hijo. También lo fueron para detener a los colombianos Diego T., de 28 años, y James C., de 19, de quienes se sospechaba pertenecían a la red criminal de “Guacho”.

En las primeras declaraciones a la Fiscalía, Patrocinio C. negó conocer a los extranjeros y por qué había armas en su casa. Según los archivos judiciales, él dijo que era un campesino y que los colombianos llegaron a su hogar a pedirle posada porque eran amigos de su cuñado Segundo Malabe y que al día siguiente cruzarían la frontera. Mientras, los colombianos guardaron silencio.

“Guacho” respondió el 27 de enero con un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. Minutos después, el ECU-911 recibió una llamada que no pudo ser identificada, donde los hombres de “Guacho” asumieron el atentado y amenazaron de muerte a policías y militares.

Luego de esa agresión, el 29 de enero, Patrocinio C. y los colombianos Diego T. y James C. fueron sacados de la cárcel de Esmeraldas y trasladados al pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, según la Policía.

Allí, los colombianos decidieron hablar con los fiscales. El 7 de febrero, a las 10:00, acudió Diego T., quien supuestamente pidió albergue a Patrocinio en Mataje. Media hora después, James C. confesó que él compró dos armas en el mercado negro colombiano con el propósito de venderlas en San Lorenzo, y que los otros dos no sabían de eso.

Mientras ellos daban las versiones, sus abogados presentaban escritos al juez Alberto Cevallos, de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, para demostrar su honradez. Patrocinio C. entregó una carta firmada por habitantes de Mataje,  donde certificaban su buena conducta. Días después los dos colombianos hicieron lo mismo, pero esta ocasión eran los comuneros de Candelilla quienes los apoyaban.

El 23 de febrero, el abogado de Patrocinio C. se jugó una carta decisiva en su defensa y pidió al juez Cevallos realizar un juicio abreviado, donde la persona confiesa su culpa a cambio de una pena menor. El juez aceptó el pedido y el 27 de febrero convocó a una audiencia que se cumpliría el 28 de marzo.  

La Fiscalía no aceptó esa decisión: aseguró que el procedimiento abreviado solo se puede dar con el aval del Ministerio Público. El juez reconoció su error y el 5 de marzo revirtió la audiencia, como consta en el proceso penal.

Diez días después, los dos colombianos que al principio preferían el derecho al silencio confesaban que Patrocinio C. tenía el alias de “Cuco” y que él los llevó a su casa y les dio las armas.

Las coartadas del ecuatoriano se quedaron en el piso. Alias “Cuco”, de acuerdo con la Policía, era un hombre clave en la red de “Guacho” y se  encargaba de su cuidado en Mataje, comuna que la frecuentaba constantemente.

Los siguientes días, los atentados de “Guacho” se multiplicaron. Una bomba detonó en Borbón, hubo balaceras en El Pan, una explosión mató a cuatro soldados en Mataje y el 26 de marzo se produjo el secuestro de los periodistas.

La entrada del equipo a Mataje

El 25 de marzo, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra llegaron a San Lorenzo. Los tres eran el equipo de relevo de sus compañeros de El Comercio.

Javier, Paúl y Efraín escogieron el hostal en las afueras de San Lorenzo. Al día siguiente, pasadas las 07:00, los tres salieron del hotel. No importaba al sitio donde iban, los equipos siempre se comunicaban pasado el mediodía con sus colegas en Quito para contarles su reportaje. Sin embargo, el 26 de marzo nunca hubo esa llamada.

Uno de los últimos mensajes de Javier fue para informar a sus colegas de sección que tomaban la vía a Mataje.

La versión oficial asegura que a las 09:30 pasaron el control de la Marina, un puesto ubicado a 2 kilómetros de la parroquia y el último lugar en el que había control de las FF.AA. y de la Policía. El Gobierno sostiene que el secuestro ocurrió a las 15:30 y que la camioneta del equipo de El Comercio fue encontrada a pocos metros de la casa de la madre de crianza de “Guacho”, en Mataje.

Ese día, los hombres de “Guacho” atacaron un tanquero de agua que circulaba por la carretera a Mataje. Activaron una bomba que afectó parte del chasis del vehículo militar; no hubo víctimas.

A las 17:00, un agente de Inteligencia de la Policía, que seguía la pista de “Guacho” y que había recibido amenazas, fue alertado vía WhatsApp del secuestro del equipo de El Comercio y para evidenciar su retención los captores enviaron una foto. Un día después el Ministerio del Interior confirmó el secuestro de los tres.

La audiencia decisiva

El 31 de marzo, el Ministerio del Interior dio a conocer que “Guacho” se comunicó nuevamente por WhatsApp para amenazar a los policías con ejecutar a los rehenes, si no liberaban a sus tres hombres que seguían en Latacunga.

En los archivos judiciales no hay evidencias de diligencias ni audiencias contra los hombres de “Guacho” desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril. Pero súbitamente el caso se reactivó un día después.

El 3 de abril, Ecuador se despertó con un video de un minuto y 29 segundos, donde Javier rogaba por sus vidas. Él contaba que llevaban ocho días secuestrados y estaban encadenados. Mientras Javier hablaba, los tres se abrazaban.

Javier decía que era el segundo video que grabaron y que pedían la liberación de los tres detenidos a cambio de sus vidas.

El mismo 3 de abril, a las 14:55, al Juzgado de San Lorenzo llegaron los pedidos de los colombianos Diego T. y James C. para acogerse a un juicio rápido y así recibir su condena y un posible indulto que los liberaría. Los escritos fueron presentados por abogados privados de Latacunga.

Según el sistema de consulta de causas judiciales, el juez Cevallos ya no estaba en el juzgado de San Lorenzo y dos días después asumió ese despacho Óscar Cuenca en calidad de encargado, quien el 5 de abril acogió el pedido y convocó a la audiencia para el 18 de abril. Es decir, 13 días después de su providencia.

En su fallo dejó constancia que el sistema no le permitió realizar antes el juicio “porque estaba saturado y con otras audiencias programadas”.

Y llegó el 12 de abril, un día después de que circuló la noticia -sin confirmar- de la muerte del equipo periodístico. Antes del mediodía llegaron escritos insistiendo en el juicio abreviado. El juez Cevallos, que volvía a su despacho, lo convocó para el lunes 16.

Pero un día después, el viernes 13 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó la muerte de Javier, Paúl y Efraín. Los tres fueron ejecutados, sus cuerpos aún no son recuperados y sus familiares y amigos los reclaman.

El juicio sigue contra los tres detenidos y sospechosos de ser parte de la organización narcoterrorista de “Guacho”.

El juez Cevallos aplazó la audiencia de juzgamiento. En su providencia del pasado 17 de abril dijo que las múltiples tareas y encargos de otros dos despachos “han coadyuvado a la imposibilidad física del suscrito juez multicompetente, para que pueda movilizarse a Esmeraldas y pueda llevar a efecto la audiencia preparatoria de juicio (…) que se encuentra señalada para el 18 de abril de 2018”. Ahora serán juzgados el próximo 11 de mayo. (I)

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se desplazó el jueves pasado a San Lorenzo, donde se reunió con personal militar y abordó temas de seguridad en la frontera norte. Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

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