Daniel D., padre del niño que fue abusado y contagiado del virus de inmunodeficiencia humana (VIH),  en abril de 2014, cuando tenía ocho años, perdió la esperanza que tenía en la justicia.

 Han pasado 46 meses y el presunto violador sigue prófugo. Chofer del expreso escolar de un Instituto Superior Pedagógico, sobre él pesa una orden de detención emitida el 1 de noviembre de 2017.

Según el expediente conformado por cuatro cuerpos, en la audiencia de formulación de cargos, realizada el 6 de diciembre de 2016, el padre del niño cuenta que el 15 de julio de 2015 trasladó al niño de urgencia al hospital Roberto Gilbert, donde le detectaron neumonía y después  el virus del VIH.

Además, los galenos determinaron que el niño presentaba fisuras en su parte anal, características de un abuso sexual.

Ante esta situación, la víctima fue entrevistada por un psicólogo de la casa de salud.

En la conversación, el niño confesó que fue violado en los baños del instituto pedagógico por el chofer de su expreso escolar y que no había dicho nada por temor.

Ante la evidencia de un delito, el padre llevó a la víctima a la Policía. Ahí, el perito médico legal lo examinó y confirmó el ultraje.

El agente investigador detalla en su informe que “el niño refiere que ese señor le bajó los pantalones”, lo violó,  “lo amenazó” y le dijo “que no le avisara a nadie”.

El informe psicológico del 6 de agosto del mismo año menciona que el relato del niño fue claro y comprensible, lo que evidencia la existencia de signos y síntomas  compatibles con personas que experimentan violencia sexual. 

También ratificó a la psicóloga que el chofer del instituto lo siguió al baño y cuando se dio cuenta estaba atrás de él, lo sujetó y le tapó la boca para violarlo.

Además, en la audiencia de formulación de cargos la defensa legal del sospechoso reveló que padece de VIH desde 2008.

Con estos indicios, la jueza Yesenia Hidalgo resuelve el inicio de la instrucción fiscal contra el  sospechoso por el delito de violación, pero a pedido del fiscal Rómulo Sevilla sustituye la prisión preventiva y ordena que se presente cada 15 días a su despacho y prohíbe su salida del país, basándose en la enfermedad catastrófica que padece.

El 8 de mayo de 2017, durante la audiencia preparatoria de juicio, la jueza Hidalgo acoge el dictamen fiscal y resuelve  llamar a juicio al procesado Ángel Leonel Ch. N., de 62 años.

Para el abogado Pedro Granja, representante de los padres del niño, la decisión judicial permitió al sospechoso continuar laborando en la institución pedagógica, “pese al peligro que representaba”.

Abdalá Bucaram Pulley, quien también defiende al niño, señaló que lo más grave es que el agresor cometió abuso a sabiendas de que iba a condenar a muerte al menor al contagiarlo del mortal virus.

El 31 de octubre del año pasado, el Tribunal de Garantías Penales, conformado por Edwin Logroño, César Mina y Carlos Muñoz, instaló la audiencia de juzgamiento contra el acusado.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque 15 minutos antes la defensa legal de Ángel Leonel Ch. había presentado un certificado médico como excusa para su inasistencia.

Al día siguiente, a pedido de los abogados Granja y Bucaram, se realizó la audiencia de sustitución de medida cautelar y el Tribunal Penal suspendió las medidas alternativas a la prisión preventiva del procesado y se emitió la boleta de captura inmediata. 

Sin embargo, desde ese momento, la brigada de capturadores de la Policía Judicial de la Zona 8, pese a ser notificada, no ha localizado a Ángel Leonel Ch. N.

“Ahora, la Fiscalía y el Tribunal estamos esperando que se haga efectiva esa captura porque no se lo puede juzgar en ausencia”, expresó la fiscal Neira.

Bucaram Pulley anunció que si la Policía Judicial no captura al presunto violador Ángel Leonel Ch. N. demandará penalmente al fiscal Rómulo Sevilla, quien sustanció el caso en primera instancia y no pidió la prisión preventiva del imputado. (I)