En el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Quito, ubicado en el sector de El Inca, al norte de la capital, se incrementaron las medidas de bioseguridad desde ayer.

Aquello fue luego de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que hasta el momento tres agentes de seguridad penitenciaria de este centro carcelario han dado positivo para covid-19.

“De igual manera, dos PPL (personas privadas de la libertad) se encuentran en casas de salud, a la espera de resultados de las pruebas realizadas tras haber presentado síntomas de coronavirus”.

En este CPPL, a partir de ayer se habilitó un espacio físico en el que laboran tres médicos asignados por el Ministerio de Salud, quienes atenderán a los internos de cada pabellón, con el fin de determinar las medidas necesarias ante posibles infecciones y brindarles el tratamiento médico.

Como parte del procedimiento, que se llevará a cabo aproximadamente durante tres semanas, están previstas las medidas de bioseguridad.

Adicionalmente, una unidad móvil del Ministerio de Salud fue ubicado en la zona del parqueadero del centro carcelario, donde el personal sanitario atiende a las PPL cuando se trate de una emergencia, consultas y agendamientos de citas médicas.

Desde el pasado fin de semana que se registró el primer caso de un agente con sospecha de covid-19 en este centro, se adoptaron varias acciones para reducir las posibilidades de contagio; entre ellas: fumigaciones, limpieza y desinfección de pabellones, celdas, patios y dependencias administrativas.

En declaraciones a la prensa, el titular del SNAI, Edmundo Moncayo, negó que haya más casos confirmados de guías o de internos contagiados en los otros centros de rehabilitación del país.

Internos recuperan la libertad
El pasado domingo, debido a las condiciones generales del sistema carcelario y la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, sugirió a los jueces a nivel nacional que privilegien la imposición de medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva.

Agrega que, conforme lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los casos de personas en riesgo, como enfermos catastróficos, de la tercera edad, mujeres embarazadas, entre otros, se debe evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión.

Luego de que, entre marzo y abril, el SNAI elaboró 474 carpetas con el análisis de expedientes de probables beneficiarios, el martes, 50 PPL recuperaron la libertad, una vez que los jueces de garantías penitenciarias analizaron los informes del SNAI y decidieron la liberación.

El último beneficiado fue Vicente C., a quien los jueces de Imbabura le concedieron el cambio de régimen cerrado a semibierto; esto es, libertad condicional, con grillete. (I)