Gobierno recibe proyecto de creación de Corte Penal de Unasur
El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, recibió este jueves, en representación del Primer Mandatario Rafael Correa, el proyecto de creación de la Corte Penal de la Unasur.
El documento fue entregado por el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien resaltó la importancia de instrumentos jurídicos "que puedan atacar a los actores que afectan la paz y la democracia".
El titular de la Fiscalía ecuatoriana resaltó que se ha demostrado que la asistencia penal no ha sido suficiente para combatir al crimen organizado.
De su lado, el ministro Navas indicó que con la Corte Penal "no solo podríamos desarticular bandas, sino judicializar a los cabecillas de redes transnacionales". Reiteró el compromiso del Gobierno de canalizar, a través de la Cancillería , el proyecto de creación de esta instancia para que sea debatido.
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, subrayó que espera que la iniciativa sea analizada y consensuada por los gobiernos del bloque.
Samper también anunció que el próximo 10 de octubre se reunirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sede de la Unasur, en Quito.
La trata de personas, soborno, lavado de activos, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico, tráfico de bienes culturales, tráfico de armas, ciberdelitos, falsificación de medicamentos y los delitos conexos de cada tipo penal serán enfrentados en la Corte
La propuesta ecuatoriana es que el organismo esté conformado por 12 magistrados (hombres y mujeres) de los Estados parte. Serán electos por el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, selección que se realizará de una lista de candidatos propuesta por los países miembros del organismo. Cada Estado podrá presentar tres candidatos y un comité de elecciones de Unasur verificará los requisitos.
Los órganos de la Corte serán cuatro: presidencia, secretaría general y Fiscalía regional. La jurisdicción de la Corte Penal será complementaria a las jurisdicciones penales nacionales.
El estatuto propone que la pena máxima que se impondrá desde la Corte es de 30 años y se garantiza la persecución penal eficaz de los delitos.
No se reconocerá la inmunidad de personas que tengan o hayan tenido cargos relevantes en el ámbito político, estatal o militar, financiero industrial o económico en los Estados que conforman la Corte. (I)
