El Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía analizan la sentencia que emitió el Tribunal de Garantías Penales a favor del exministro Iván Espinel. El viernes último, él y otros siete procesados fueron declarados inocentes del delito de peculado.

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, abrió una investigación sobre posibles infracciones de carácter administrativo en el fallo.

Maldonado indicó que el análisis de la actuación de los servidores judiciales pasará de un informe emitido por el delegado provincial en Control Disciplinario, a conocimiento y resolución del pleno de la Judicatura.

La presidenta del CJ precisó que "se analizarán a fondo los expedientes, previamente a la resolución y a las posibles sanciones".
En 60 días se conocerá la resolución. La máxima sanción es la destitución.

Smirnova Calderón, Edwin Logroño y Edora Varas integraron el Tribunal de Garantías Penales que declaró inocentes a los ocho acusados.

La fiscal general del Estado (e), Ruth Palacios, manifestó que a partir del informe verificarán si hubo una actuación irregular del fiscal Walter Jaramillo. El reporte lo enviarán en 15 días al Consejo para su resolución.

Iván Granda, secretario Anticorrupción, solicitó al CJ y a la administración de justicia “actuar de manera responsable”.

Dijo que el Gobierno estará vigilante de los procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que mantiene Espinel. “No permitiremos que los jueces se burlen de la sociedad ecuatoriana”.

[COMUNICADO] Presentaremos un pedido de investigación ante la actuación de los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Guayas: pic.twitter.com/2zoYSNVwiC

— Iván Granda Molina (@IvanGrandaM) February 18, 2019

Audiencia de juzgamiento

Mañana miércoles, a partir de las 08:30, se iniciará la audiencia de juicio en contra de cuatro procesados, entre ellos el exministro.

Al complejo judicial de Durán serán trasladados desde la cárcel de Guayaquil, los acusados Iván Espinel y Walter A. M. También acudirán María Johanna V. y Juan Carlos B. G., quienes tienen medidas sustitutivas.

Según la Fiscalía, en la indagación comprendida entre 2010 y 2016 se estableció que Espinel recibió $ 669.000 en depósitos, pero solo justificó $ 378.000.

Además, el exministro adquirió una vivienda en $ 335.000. La fiscal Ivonne Proaño, a cargo de esta investigación, basa su acusación en los informes de Contraloría y Análisis Financiero. (I)