Fortalecer el monitoreo y seguimiento para las políticas públicas en justicia
Las políticas públicas en materia de justicia requieren profundizar los instrumentos institucionales y metodológicos para el acompañamiento de los procesos y modelos de gestión.
Esta aspiración debe convertirse en un objetivo estratégico no solamente para las entidades que integran directamente la Función Judicial, sino para todas aquellas que intervienen en el sistema de administración de justicia como ejecutores de programas o proyectos relacionados con derechos de acceso a la justicia.
El seguimiento de las políticas comprende adoptar distintos medios de verificación para identificar aquellos correctivos permanentes que deben realizarse. Algunas distorsiones de la gestión pública han enfatizado el control de los procesos como un instrumento orientado a la vigilancia y la sanción -o con el inicio de acciones administrativas disciplinarias-, empero, las corrientes modernas han concebido otras formas de perfeccionamiento de la política pública para gestionar los procesos técnicos.
Una recomendación importante podría ser que el Consejo de la Judicatura pueda incorporar un proceso habilitante de asesoría y apoyo para el monitoreo del conjunto de procesos, como parte de su estructura orgánica, con la finalidad de establecer los medios que permitan dar seguimiento a las unidades agregadoras de valor y pueda generar los insumos para gestionar y producir la información de gestión en torno a las políticas institucionales del conjunto de la FJ.
Si bien existe un proceso habilitante de apoyo que se encarga de la planificación -y que realiza algunas acciones de seguimiento a la gestión para verificar el Plan Estratégico y el cumplimiento de otros elementos de planificación-, los roles de este nuevo proceso podrán ofrecer aportes relevantes para aquel.
Las atribuciones de un nuevo proceso orientado hacia el monitoreo se encargará de la definición de instrumentos de seguimiento para, entre otros aspectos, supervisar los impactos de las reformas institucionales, los niveles de cumplimiento de las regulaciones generadas por el proceso gobernante en los territorios, sugerir cambios frente a las complejidades de los procesos desconcentrados, sistematizar los tipos de información que producen los órganos administrativos y judiciales de la función y buscar el fortalecimiento de los canales institucionales con otras entidades del Estado.
Sería pertinente también que los actores institucionales que intervienen en el sistema de administración de justicia elaboren protocolos orientados a potencializar procedimientos de monitoreo y acompañamiento para sus procesos.
Las políticas públicas en materia de justicia no dependen exclusivamente de los entes que integran la Función Judicial, por ello es indispensable pensar cómo impulsar una gestión estratégica que comprenda las dinámicas diferenciadas y complementarias de todas las instituciones que participan en esas políticas, lo cual pasa por construir un sistema de seguimiento con responsabilidades compartidas para su ejecución.
