Su paradero es incierto, mientras las autoridades lo buscan. Se trata del expresidente de la Empresa Pública del Agua y exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís Valarezo, quien ya tiene un segundo llamado de la Fiscalía para que rinda declaración, el próximo martes, dentro del caso Odebrecht.

Ayer el ministro del Interior, César Navas, confirmó la información durante un recorrido que efectuó por el sur de Guayaquil.

“Hay una unidad especializada de la Policía que trabaja directamente con la Fiscalía y se activa a nivel nacional con un dispositivo de búsqueda con todas las unidades”, manifestó el Secretario de Estado.

En ese sentido aseguró que se dispuso a la Oficina de Migración su localización; no obstante no quiso referirse a una eventual salida del país del exfuncionario. “Estamos trabajando en eso”, manifestó, pese a la insistencia de la prensa.    

Este diario intentó comunicarse con Gutemberg Vera, pero hasta la tarde de ayer su abogado no contestaba las llamadas. Un día antes había mencionado a un medio local que Solís no asistió a un primer llamado de la Fiscalía “por un motivo de fuerza mayor”.

Se desconoce si el exfuncionario se encuentra en el país, aunque fuentes de Migración informaron que el exministro tenía registrada una última salida del país hacia Estados Unidos el 10 de agosto de 2016 y regresó el 15 del mismo mes, pero que este año no tiene movimiento alguno.

Sobre el exministro recae una investigación por presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, pues su nombre es mencionado en  la construcción del trasvase Daule Vinces (Dauvin) que tuvo un costo de $ 191 millones, a cargo de la empresa brasileña.

Solís no estuvo en el primer llamado de la Fiscalía fijado para el 7 de agosto, a las 10:00. Antes de ser funcionario del gobierno anterior, Walter Solís se dedicaba a la actividad privada.

En su hoja de vida se indica que en 1995 fue director de Proyectos de Aldea Infantil SOS hasta 1997. Al año siguiente trabajó como director técnico de construcción de obras como hoteles y construcción de edificaciones para el Banco Internacional, hasta 2007. Ese mismo año laboró como jefe técnico de la regeneración urbana de Guayaquil.

De 2007 a febrero de 2009 fue viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y ministro de Vivienda desde 2009 hasta octubre de 2011, además fue presidente de los directorios de la Empresa Pública del Agua y de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

En la cartera de Vivienda entregó casas en el país a un costo de $ 900 millones, mientras que en la Empresa Pública del Agua se ejecutaron seis proyectos multipropósito, con una inversión cercana a los $ 1.000 millones.

El 22 de junio de 2015, a través del Decreto Ejecutivo N° 700, el expresidente de la República, Rafael Correa, lo designó ministro de Transporte y Obras Públicas.

Durante su administración se ejecutaron obras en el país por un valor de $ 725 millones, que incluyeron mejoras y construcción de carreteras, ciclovías, terminales terrestres, aéreas y portuarias.

No obstante, en septiembre del año pasado renunció a la cartera de Estado. Adujo en un comunicado “situaciones personales”, pero días después el entonces presidente Rafael Correa, en un gabinete itinerante, en Huaquillas (El Oro), manifestó que la salida de Solís se debió a “un error imperdonable”.

Explicó que Solís permitió la extensión del plazo para la concesión del puerto de Manta, lo que motivó el malestar de la empresa chilena Agunsa, que decidió retirar su propuesta “por falta de seriedad”.

“Agunsa, con toda razón, nos retira la oferta en términos muy corteses. En medios informales han expresado la falta de seriedad del país y tienen razón y esto le ha costado el puesto a Walter Solís”, dijo entonces Correa. Desde entonces, Solís no tiene aparición pública. (I)

El exgerente de Petroecuador, Álex B., acudió ayer a la Fiscalía a rendir declaración respecto a los hechos de corrupción ocurridos en la estatal petrolera. Foto: API

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Mientras Álex B. se acoge al derecho al silencio, Fiscalía recibe hoy a Carlos P. Y.

El exgerente de Petroecuador, Álex B., acudió ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su versión sobre la supuesta omisión del exfiscal general Galo Chiriboga Zambrano, en las investigaciones sobre hechos de corrupción, particularmente en los casos Petroecuador y Odebrecht.

El pasado 9 de febrero, la dirigente del movimiento Unidad Popular, Natasha Rojas, presentó la denuncia en la Fiscalía donde cuestiona, entre otras cosas, que la orden de detención contra Carlos P. Y. se haya emitido cuando este ya salió del país y que no  haya todavía ningún procesado por los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht.       

Por ello el fiscal Baca abrió una indagación previa y llamó para que rinda su versión a Álex B., quien en la diligencia de ayer decidió acogerse al derecho del silencio. El exgerente de Petroecuador registra ya tres sentencias en su contra dentro de las investigaciones por supuestos actos de corrupción en Petroecuador, por lo que se encuentra detenido desde mayo del año pasado.

Por el mismo caso, el lunes anterior compareció ante la FGE el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y., para rendir su versión, pero la diligencia fue aplazada para la mañana de hoy.

El exsecretario de Estado llegó a la Fiscalía en un vehículo blanco, esposado y escoltado por policías élite del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que lo trasladaron a primera hora desde la Cárcel 4 hasta el edificio de la av. Patria.

Su abogado, Reinaldo Zambrano, pidió el aplazamiento de la comparecencia porque la Fiscalía recién le notificó el domingo a las 13:30 sobre la diligencia. “No se puede rendir una versión si no he leído siquiera de qué se trata el expediente. Es imposible que hubiera podido revisar los 60 cuerpos que tiene el caso”, dijo.

Aunque esa cita judicial se difirió, Zambrano dejó un escrito en el que solicitó formalmente a la Fiscalía que acepte la cooperación eficaz de su cliente. Con esa figura, un procesado puede obtener hasta el 90% de reducción de su pena por entregar información clave a las autoridades.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su art. 491 señala que la denominada colaboración eficaz contribuirá ineludiblemente al esclarecimiento de todo el esquema de un delito y sus responsables, sobre todo de los cabecillas.

Para concretar ese apoyo la Fiscalía y el sospechoso deben firmar un convenio con todos los detalles de la cooperación. “Tenemos ya un preacuerdo de cooperación eficaz con nuestras solicitudes y eso se presentará a la Fiscalía. El contenido no es público”, informó.

La reserva del acuerdo está contemplada en el COIP. Allí se dice que “todas las actuaciones relacionadas” con la cooperación eficaz deben ser guardadas bajo secreto.  

Asimismo, a la FGE fue trasladado el pasado lunes el exfiscal Galo Chiriboga para que amplíe su versión dentro de la investigación previa. Él se encontraba en el aeropuerto Mariscal Sucre, desde donde fue llevado al edificio de la Fiscalía. (I)