Un total de 177.135 indagaciones previas sin resolver que han mantenido represadas -desde 2001-  las fiscalías de 9 provincias del país  serán evacuadas en los próximos meses, a través de las unidades de descongestión que fueron inauguradas ayer.

Estas entidades fueron creadas  con  el objetivo de revisar los expedientes que permanecen  en estado de ser desestimados para su posterior archivo y también para   iniciar inmediatamente las respectivas instrucciones fiscales, en caso de que sea necesario.

En Guayas, donde se registra la mayor cantidad de expedientes represados (46.684 lo que representa el 32,94%), el fiscal Provincial subrogante, Paul Ponce Quiroz, indicó que  tiene previsto que hasta marzo de 2012 se despache, al menos,  el 80% de las causas.

El funcionario manifestó que la iniciativa responde a hacer cumplir lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que señala que se deben priorizar los principios de inmediación y celeridad procesal y, fundamentalmente, para descongestionar los despachos de las fiscalías con todas esas causas que no llegaron a su terminación, sean estas denuncias que no tuvieron el impulso debido o  indagaciones en las que no se logró determinar  responsabilidades.

La unidad de desestimación, que funcionará en el noveno piso del edificio de la Fiscalía, en las calles Pedro Carbo y Aguirre, estará a cargo del fiscal Segundo Lucas, quien trabajará  junto con varios funcionarios y un grupo de estudiantes de los últimos cursos -con un alto rendimiento académico- de varias universidades de la ciudad, muchos de ellos,  añadió el fiscal, ya han realizado pasantías en la Fiscalía, por lo que tienen experiencia en el manejo de este tipo de expedientes.

Por su parte,  Luis Naranjo, delegado del Consejo de la Judicatura en Guayas, indicó que se designó a Gustavo Guerra  como juez 21º de Garantías Penales, para que, de manera exclusiva,  avoque conocimiento de los expedientes y de los que les permita  algún otro tipo de impulso procesal destinados  a esclarecer los hechos puestos previamente a conocimiento de la Fiscalía.

El judicial trabajará permanentemente  junto con el fiscal, en el noveno piso de la Fiscalía.
“Con la presencia permanente del juez,  optimizamos tiempo y recursos, puesto que se evitará que los funcionarios de la Fiscalía carguen los procesos hasta la Corte, los presentes en la oficina de sorteos  esperen que los sorteen, y pedir la acción de desestimación ante el juez que resultó sorteado y vaya a conocer la causa”, dijo Ponce.

Otras  provincias que registran un alto número de indagaciones represadas, según Marco Navas, director de Gestión Procesal  de la Fiscalía General, es Pichincha con 31.592 causas, Esmeraldas con 15.839, Los Ríos con 10.400, Manabí con 10.125, Orellana con 8.518, Santo Domingo de los Tsáchilas con 7.913, Sucumbíos con 6.125 y El Oro con 4.512.