La Fiscalía presentó la mañana de este martes las pruebas que involucrarían a Rommel Patricio Herrera Márquez, ex funcionario del Ministerio de Salud, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

Herrera presuntamente desvió fondos a cuentas particulares de sus familiares por más de tres años, creando un perjuicio al Estado de 3400.000 dólares.

Para realizar las actividades ilícitas, el acusado habría aprovechado que era uno de los encargados de manejar el Sistema de Pagos (ESIGEF), con el que se cancelan sueldos y demás compras de equipos e insumos para distintas casas de salud.

El Ministerio Público involucró a 10 personas más en este ilícito, entre ellos familiares del principal acusado y funcionarios del Centro de Salud número 8 de Cotocollao.

Además de Herrera, el fiscal Miguel Jiménez pidió que se enjuicie a Teresa Guanaquiza, esposa del ex funcionario, como autora; a su cuñado, Juan Guanaquisa, como coautor; a Natasha Ordónez, del departamento de Pagaduría, como cómplice; a Eugenia Cruz y Basiliza Tello, funcionarias del centro de salud, como encubridoras; y a Diego Vinueza y Steven Salas, también como encubridores.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público se abstuvo de acusar a tres personas: a Jenny Márquez, madre del acusado y a Patricia y Eduardo Hernández, hijastros de Herrera.

Entre los elementos de convicción que el fiscal expuso ante el juez Freddy Sanmartín, para sustentar su acusación, constan movimientos bancarios, documentos financieros, entre otros, que no pudieron ser justificados por los procesados.

Durante la audiencia, se puso en conocimiento del juez que en el 2004 ya se había detectado una irregularidad financiera por parte del ex funcionario del Ministerio de Salud.

Sin embargo, en aquella ocasión las autoridades del centro de salud manifestaron que habría sido un error y permitieron que Herrera continúe trabajando.

Las transferencia de altas sumas de dinero habrían comenzado en el 2006, pero fue hasta el 2008, que un informe de Contraloría determinaría el perjuicio al Estado y en julio del 2011 se inició formalmente el proceso.

Luigi García, abogado de los involucrados, señaló la posible existencia de una red de enriquecimiento ilícito dentro del Ministerio de Salud. 

A pesar de que el acusado admitió el delito, en su primera declaración consta que el dinero fue sustraído bajo amenaza y extorsión.

El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, estuvo presente en la audiencia preparatoria de juicio, que se realizó en el Juzgado Decimoquinto de Garantías Penales de Pichincha. El funcionario indicó que la entidad financiera que recibió las transferencias bancarias será investigada, pues no reportó los manejos bancarios de altas cantidades de dinero a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Lavado de Activos.

De su lado, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, manifestó que se han recuperado más de un millón y medio de dólares del monto del perjuicio, que se encontraba depositado en una póliza y que el resto faltante se encuentra en bienes inmuebles y autos de lujo.

El juez encargado del caso debe emitir una resolución en 72 horas.