La posible existencia de irregularidades en las acciones de los agentes fiscales que conocieron el caso de un menor de edad víctima de un presunto delito de abuso sexual en el cantón Durán, llevó a que la Fiscalía General del Estado remita un expediente de control jurídico al Consejo de la Judicatura (CJ).

El documento fue enviado al organismo de control de la Función Judicial, tras un informe de seguimiento elaborado por la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía.

Dicho informe determinó las presuntas irregularidades pues los funcionarios “no solicitaron medidas de protección inmediatas a favor de la víctima y no actuaron conforme a sus competencias, inobservando lo dispuesto en el artículo 444 numeral 11 del Código Orgánico integral Penal (COIP) y lo que dispone la Ley sobre la protección a niñas, niños y adolescentes”, señala un comunicado de la Fiscalía.

[COMUNICADO] La Fiscalía General del Estado remitió a @CJudicaturaEc el expediente de control jurídico sobre el caso de presunto delito de abuso sexual a un menor de edad, ocurrido en Durán, Guayas⬇️ pic.twitter.com/1LX1jV7MmH

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 10 de mayo de 2019

La medida se refiere al caso de un niño que era negociado por su padre con otro hombre en Durán para abusar sexualmente de él. Los dos presuntos implicados fueron puestos en libertad por las autoridades judiciales.

“Todos los delitos cometidos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes tienen atención prioritaria y no se dejará en la impunidad ninguna actuación que vulnere los derechos de este grupo de atención prioritaria”, puntualiza la Fiscalía.

Sobre el tema, la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (AEBI) rechazó la actuación de los funcionarios encargados de impartir justicia. El jueves 9 de mayo entregaron un oficio a la dirección zonal 8 de la Dinapen, solicitando que se investigue si el equipo policial cumplió con el debido proceso, en especial lo concerniente a medidas de protección hacia el menor.

También presentaron una denuncia formal contra los padres del niño y el otro hombre implicado en el hecho; y entregaron un oficio a la Dirección Provincial del CJ solicitando la destitución “de todo funcionario que haya actuado con negligencia en este caso”, indicó la agrupación en un comunicado. (I)