Fiscal General asistió a audiencia por hurto de energía en Guayaquil
El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, asistió este martes a la audiencia de inicio de instrucción fiscal en el proceso iniciado en contra del dirigente barrial Balerio Estacio, Sorayda Estacio, Adelino Estacio, Marco Solís y Nicolás Garzón Delgado, por hurto de energía eléctrica.
La diligencia se efectuó en el Juzgado Décimo Tercero de Garantías Penales de Guayas. Allí, Susana Camatón, fiscal de Delitos Energéticos e Hidrocarburos, sustentó la formulación de cargos en denuncias de los moradores de los barrios irregulares de Guayaquil y en informes de prensa que involucran a estos ciudadanos en la distribución y comercialización ilegal de energía eléctrica.
Según los denunciantes, los habitantes de los barrios Voluntad de Dios, Tierra Prometida, Fortaleza, entre otros que se ubican al noroeste de Guayaquil, pagaban por cada conexión clandestina de electricidad entre “60 y 120 dólares”.
Los pagos los hacían a los familiares de Valerio Estacio o a sus empleados y como prueba de ello la fiscal mostró, además de varios testimonios ciudadanos, los recibos membretados con los nombres de las cooperativas de vivienda con la foto y la firma de sus “líderes máximos”, apelativo con el cual se hacían conocer los promotores de estos asentamientos irregulares.
El hurto de energía se hacía de las redes de la Empresa Eléctrica de Guayaquil, de donde se distribuían por conexiones clandestinas hacia los barrios antes mencionados.
Además de los pagos por “punto de luz”, los moradores debían pagar un promedio de cuatro dólares mensuales por este servicio ilegal, cobro que también debía ir acompañado de otros rubros por “seguridad”.
Quien no pagaba era desconectado de esta red clandestina de distribución eléctrica e, incluso, despojado de su predio o terreno, según consta en la denuncia.
Chiriboga señaló la importancia de su asistencia a estas audiencias donde se tratan asuntos que afectan la convivencia ciudadana, en especial en temas como este que están directamente relacionados con el tráfico irregular de tierras en Guayaquil, hecho que alimenta la inseguridad ciudadana.