Representantes de más de ocho colectivos crearon la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes. Esta organización está integrada por familiares de las víctimas.

Sara Oviedo, integrante de Quitu Raymi, señaló que uno de los objetivos es solicitar la imprescriptibilidad de los casos con retroactividad.

Aspiran a que los delitos no prescriban, ya que a su criterio varias de las víctimas no denuncian el hecho en el momento de la agresión, sino años después.

Patricia Espín, quien lidera la lucha por el caso de violación en el instituto Cebi de Ambato, explicó que una persona abusada jamás denuncia en ese momento, sino cuando adquiere una madurez psicológica.

Por lo general, dijo Espín, las víctimas se animan a contar su agresión cuando tienen una pareja sentimental. A esta persona es la primera que cuentan el problema.

La psicóloga Alexandra Oña comparte el criterio.  Señaló que las víctimas quedan en un estado de shock por el cual necesitan terapias para denunciar.

Indicó que no hay plazos para que las víctimas rompan el silencio. “Lo hacen cuando entienden lo que pasó”, dijo.

En octubre del año pasado, la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional denunció 8.586 agresiones sexuales a menores de edad.

Esta mesa legislativa se creó para analizar las agresiones en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), en Quito.

Esa mesa legislativa, en el informe final que presentó a la Asamblea, determinó que el 80% de los casos de violencia sexual se produce en el ámbito familiar y los casos restantes ocurren en el entorno educativo.

Ese día, el Legislativo decidió crear la Comisión Ocasional para Atender Normas y Temas de la Niñez y Adolescencia en Ecuador.

Los representantes de la coalición se reunirán hoy con los asambleístas de esa comisión. Oviedo detalló que solicitarán que se creen mecanismos de reparación, terapia psicológica y una reinserción para las víctimas, “esos son temas pendientes”.

Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, señaló que en las reformas al Código Penal se analiza que los delitos sexuales a menores se sancionen en ausencia del procesado.

Según criterio de Oviedo, los ministerios, Fiscalía, el Consejo de la Judicatura deben dar continuidad a la protección de las víctimas. (I)