Las 22 entidades, entre ellas ministerios, que conforman el sistema de erradicación de la violencia contra la mujer no cuentan con presupuesto.

El 31 de enero de 2018, la Asamblea envió al Registro Oficial la normativa, sin embargo, un año después, el sistema no funciona, entre otros motivos, por falta de recursos.  

Rocío Rosero, subsecretaria general de Derechos Humanos, señala que la erradicación de la violencia es prioritaria. Esperan que en los próximos días se declare en emergencia este problema.  

Lleva ocho semanas en el cargo y afirma que en este tiempo conversó con la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio de Finanzas y que se contará con $ 14 millones.

Rosero afirma que reformulan el proyecto de prevención para atender de manera inmediata a provincias como Guayas, Pichincha, Azuay y Tungurahua. En esta última, hay voluntad municipal.

Actualmente, esa subsecretaría se encuentra activando respuestas oportunas con la articulación de cuatro instituciones (Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, y Secretaría de Derechos Humanos).

Según Margarita Carranco, subdirectora de Género del Consejo de la Judicatura (CJ), la entidad cuenta con $ 8 millones por gestión propia ante el Ministerio de Finanzas. Carranco es enfática: “no existe el sistema de prevención y erradicación”.

A su criterio, al anterior Ministerio de Justicia (ahora Secretaría de Derechos Humanos), como ente rector, le correspondía gestionar los recursos para aplicar la ley, “pero no se dedicaron a eso”.

Por ello la funcionaria del CJ estima que Ecuador no tiene condiciones para responder a las víctimas cuando se produce una agresión.  

Cree que el cambio constante de funcionarios y de denominación del Ministerio de Justicia también afectó la implementación. Espera que el CJ definitivo, que se posesiona hoy, continúe con la implementación de las Unidades Judiciales.

Uno de los problemas del CJ está en las Unidades Judiciales de Género, que ahora son solo 33 y que tienen 92 jueces. La meta es implementar 142 unidades judiciales y contar con igual número de jueces hasta 2020.

Francisco Hurtado, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, comparte este criterio. Indica que a partir de la aprobación de la Ley de Erradicación se otorgaron las competencias al sistema integral, cuyo rector era el Ministerio de Justicia.

Por ello, entre junio y agosto del año pasado, cada entidad envió varios pedidos para implementar la ley. De esta manera, la Defensoría del Pueblo solicitó $ 3 millones para el seguimiento y vigilancia de las acciones de violencia contra la mujer.

Buscaban contar con personal especializado en las provincias. “Ante la violencia machista se requieren acciones de prevención y erradicación de la violencia y no solo la criminalización”, manifiesta Hurtado.

El funcionario de la Defensoría del Pueblo estima que el presupuesto fue una limitación como parte del “ajuste estructural complejo del país”.

Si bien opina que el país logró en 2018 una ley histórica de erradicación de la violencia, es necesario “financiar para que las instituciones ejecuten paulatinamente las acciones de ley”.

Falta formación en género 
Ana Cristina Vera, representante de “Vivas nos queremos”, opina que los operadores de justicia no tienen formación en género. Vera piensa que en el país hay leyes muy importantes para la erradicación de la violencia contra la mujer, sin embargo, no se aplican.

A su criterio, para la implementación de la ley de erradicación de la violencia contra la mujer es necesario un “compromiso real y pasar de la letra a la aplicación efectiva de medidas”.

Cree además que el sistema de justicia es revictimizante y que muchas mujeres no denuncian para “evitar dar vueltas en la Fiscalía”.

Afirma que no hay una ruta adecuada para tramitar las leyes vigentes y poner las denuncias de manera clara.

Ricardo Morales, coordinador nacional de gestión de la Defensoría Pública, señala que no tienen presupuesto diferenciado para atender los temas de violencia.

Indica que en este año, el presupuesto es de $ 33 millones, con una reducción de $ 3 millones en comparación al 2018,  y se destina mayoritariamente al pago de sueldos.

A su criterio, se necesitarían 200 defensores adicionales, que se sumarían a los 733  actuales.

De ellos, 356 son del área penal; 219 para temas sociales, y 110 multicompetentes. “En el tema de violencia se necesita un defensor para el procesado y otro para la víctima”, afirma el coordinador.

Morales estima que esta entidad necesitaría $ 5,6 millones para contratar a los 200 defensores que faltan, aparte del rubro que se requiere para atender los temas de violencia y otras necesidades institucionales. (I)