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Expresidente de la Corte de Justicia del Guayas seguirá en prisión

Expresidente de la Corte de Justicia del Guayas seguirá en prisión
Foto: Cortesía de la Corte Nacional de Justicia
23 de julio de 2020 - 15:37 - Redacción Justicia

El Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales, Daniella Camacho, Iván León y David Jacho, rechazó el jueves 23 de julio de 2020, la apelación a la prisión preventiva presentada por el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel M., y la abogada Silvana V.

Los dos son procesados por el delito de enriquecimiento ilícito y tienen una instrucción abierta.

En la audiencia realizada este jueves, por unanimidad el Tribunal consideró que los elementos no han sido desvirtuados ni desvanecidos, por lo que se mantiene la medida.

El pasado 26 de junio, Fiscalía solicitó prisión preventiva contra ambos, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al encontrar elementos suficientes que harían presumir que Gabriel M. y Silvana V., cuentan con los recursos económicos que les permitirían fugar y evitar la justicia.

Durante la audiencia, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, señaló que Fiscalía cuenta con cuarenta y dos elementos de convicción, entre los que se cuentan el análisis de la información aportada por entidades del sector público y privado, durante el periodo comprendido entre 2011 y 2018.

La investigación de Fiscalía señala que Gabriel M. habría realizado transferencias, depósitos y pagos de dos bienes inmuebles adquiridos con créditos hipotecarios, que habrían sido precancelados al poco tiempo a través de cuentas de terceros y de compañías privadas, que fueron manejadas por la abogada en libre ejercicio Silvana V.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), detalla una serie de movimientos inusuales en cuentas bancarias y adquisición de bienes inmuebles por parte del ex Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, lo que hace presumir un enriquecimiento ilícito, secundado por Silvana V. Ambos registran un incremento no justificado en su patrimonio en el Servicio de Rentas Internas (SRI). (I)

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